La Audiencia de Barcelona califica de «excesiva» la actuación policial del 1-O

El tribunal habla de actuación «excesiva» y «no proporcionada». «Consideramos que hubo excesos policiales en algunos casos concretos», como el «uso de porras o defensas golpeando a ciudadanos también sin mediar agresión física previa y sin finalidad aparente», según el auto.

El pronunciamiento del tribunal, que es provisional y que contó con un voto particular en contra, se produce en respuesta al recurso presentado por un grupo de víctimas de las cargas contra el archivo de la causa por parte de un juzgado de Manresa. La Audiencia de Barcelona, por tanto, ha decidido reabrir el procedimiento por la actuación de la Guardia Civil frente a un colegio electoral de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Una de las imágenes de la jornada fue la del concejal de Esquerra Jordi Pesarrodona, que además es payaso, posando junto a un agente de la benemérita con una nariz roja. «No consideramos que fuera necesario golpear de forma inopinada a aquellos que estaban en el exterior para impedir que los agentes se introdujeran en el edificio, lo que produjo lesiones entre los ciudadanos», según el auto, cuyo ponente ha sido el juez José María Assalit Vives, uno de los magistrados que firmaron en 2013 un manifiesto a favor de una consulta legal de independencia en Cataluña.

«Se hubiera podido conseguir el mismo resultado, aunque para ello se hubiera requerido de más tiempo, sacando a los congregados por la fuerza: arrastrándolos y agarrándolos», añade. «Se produjo un exceso en la actuación causando lesiones que seguramente no se hubieran producido de actuar de otra forma», concluyen los magistrados.

Es más, los jueces incluso insinúan que los agentes debían haber permitido a los ciudadanos continuar con la votación ya que ésta no tenía las «consecuencias jurídicas» de un referéndum al uso. «Impedir que se siguiera votando suponía el cumplimiento de las órdenes judiciales», según el auto.

De haber permitido la votación, añade, «el resultado no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional español». «Nótese -remata el auto- que en otros lugares las votaciones se realizaron, sin actuaciones policiales, y se suministraron los resultados de la votación sin consecuencia jurídica alguna».

La Audiencia concluye, eso sí, que los agentes seguían instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que había ordenado impedir las votaciones, pero al mismo tiempo había pedido que no se alterara la convivencia ciudadana. Los mandos «deberían haber valorado» que para lograr este objetivo «era altamente probable» que se provocaran lesiones y, de paso, se deteriorara «la imagen de las instituciones», señala la Audiencia barcelonesa.

La resolución judicial también apunta contra la respuesta que dieron los ciudadanos en su protesta. «El primer agente que entró en el edificio sufrió el impacto de una silla lanzada desde lejos. El Ministerio Fiscal considera, con buen criterio, que este episodio podría ser constitutivo de un delito de atentado a agente de la autoridad», concluye.

El de Sant Joan de Vilatorrada no es el único caso que está en los juzgados. El TSJC informó este jueves que el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que investiga la actuación de los agentes de la Policía Nacional en diferentes centros de la ciudad de Barcelona, ha citado a declarar a 26 policías del 13 al 23 de noviembre. En julio pasado, este mismo juez archivó 51 denuncias de personas que sufrieron las cargas pues, a su juicio, buena parte de las actuaciones fueron proporcionales.