Anticorrupción pide procesar a Camps por malversación y prevaricación en la F1

El ministerio público considera que la investigación de esta primera pieza -faltan los contratos de Circuito Motor y la compra de Valmor por el Consell- está agotada y dispone ya de indicios suficientes para acusarle por la negociación con Bernie Ecclestone, un proceso dirigido por él de manera personal y al que luego se vistió de legalidad -empresa Valmor- y se protegió con decisiones desde la Administración para asumir el coste real del evento.

Por su parte, Francisco Camps ha asegurado este viernes que pedirá el archivo de las actuaciones que se siguen contra él y ha resaltado el «cambio de criterio de la fiscalía», ya que al principio «decía que monté la Fórmula 1 para enriquecer» al expiloto Jorge Martínez 'Aspar' y ahora «sostiene que lo hice para ganar las elecciones de 2007».

Camps, que se ha congratulado por la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo contra la exconsellera Dolores Johnson y 'Aspar' en la pieza 1 del caso Valmor, ha dicho que ese cambio de argumento de la Fiscalía le genera una «grandísima indefensión» porque ahora se le acusa «de cosas distintas» para pedir su procesamiento por un supuesto delito de malversación y prevaricación.

El expresidente ha añadido que, como ya explicó en sede judicial cuando se le preguntó por esta cuestión, las encuestas previas a las elecciones de 2007 le daban a su partido una victoria «abrumadora, como finalmente ocurrió», lo que a su juicio evidencia que la organización de la Fórmula 1 «no tuvo ninguna incidencia en esas elecciones».

En cambio, tras las diligencias judiciales, el fiscal descarta la participación en la trama de los otros investigados. Destaca especialmente la petición de archivo del otro miembro del Gobierno investigado, la exconsellera Lola Johnson. A idéntica conclusión llega para el expiloto Jorge Martínez Aspar, así como para la persona de contacto de la Generalitat con el magnate Bernie Ecclestone, la asesora y traductora de Camps, Belén Reyero. Ahora será la juez la que deba resolver al respecto. Resulta una incógnita el papel que adoptará la acusación popular, ejercida por el PSPV, ante estas peticiones y si tratará de mantener abierto el procedimiento para el resto de investigados.

Anticorrupción ha elaborado un relato incriminatorio contra el expresidente. En abril de 2006, Camps llegó a un acuerdo verbal con Ecclestone «al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin ser él un órgano de contratación». De hecho, los terrenos del trazado pertenecen a la Autoridad Portuaria y al Consorcio 2007. Tras varias reuniones, el millonario británico le envió a Camps -a través de Belén Reyero- el «último borrador del contrato». El fiscal sostiene que fue el expresidente quien decidió que el evento se celebrara en Valencia «por el beneficio electoral que le generaría en las elecciones autonómicas de 2007». Las carreras se presentaron diez días antes de los comicios.

A continuación, según la tesis de la fiscalía, Camps recurrió a Olivas para que montase una sociedad con la que organizar la prueba automovilística, mientras le prometió que la Generalitat asumiría las pérdidas, tal y como posteriormente ocurrió. Tanto su mano derecha, Reyero, como Vicente Rambla y el propio Olivas han declarado que todos los asuntos de la F-1 los trataba directamente Camps con Ecclestone. En este sentido, las anotaciones que realizó Reyero -confeccionaba unas actas sobre la evolución de las negociaciones- han resultado claves para reconstruir el proceso.

Además, Camps también negoció las condiciones económicas para la empresa Valmor, un asunto que excede de sus competencias. El compromiso asumido por el expresidente de que las carreras de F-1 no supusieran pérdidas para la empresa de Aspar se intentó plasmar a través de varios convenios. Tras la primera edición, se evidenció el fracaso económico de la F-1. Es entonces cuando se acuerda que la Sociedad Proyectos Temáticos asuma el canon anual, de más de 20 millones de euros.

En junio de 2010, el entonces presidente vuelve a negociar con Ecclestone la prórroga del evento por una década. Y el cambio más relevante: la Generalitat se convierte en avalista de la empresa organizadora, Valmor. Camps negó en su declaración de la semana pasada cualquier participación en las conversaciones. Pero diferentes correos electrónicos contradicen esa versión.

«Todo lo realizó sabiendo que era inviable económicamente, comprometiendo los fondos públicos autonómicos e incumpliendo los procedimientos administrativos», mantiene el fiscal. Al convertirse, la Generalitat en avalista -Camps hizo firmar a la consellera Jhonson, según Anticorrupción- se aseguraba ante Ecclestone cualquier incumplimiento de Valmor. Siempre respondería la Generalitat.