Amnistía Internacional denuncia la «fuerza excesiva» contra el 1-O en su informe anual

Amnistía, además, asegura que en España durante el pasado año "se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana". El documento insiste en que esas restricciones fueron decisión de "algunas autoridades", sobre todo tras la decisión del Constitucional de suspender cautelarmente la ley del referéndum catalán. AI recuerda que en Madrid y Vitoria los tribunales prohibieron dos "reuniones públicas de apoyo al referéndum" o que el ayuntamiento de Castelldefels dictó una "prohibición general" del uso de los espacios públicos "para celebrar reuniones a favor o en contra del referéndum".

El documento analiza con detenimiento la situación de los últimos meses en Cataluña y entra de lleno en el encarcelamiento de los líderes de ANC y Omniún, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. No hay menciones a las órdenes de prisión del exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros consejeros. Sobre los dos 'Jordis', AI afirma que "los presidentes de sendas organizaciones independentistas catalanas" fueron "detenidos y acusados" de sedición, "delito definido de manera muy general", en relación con protestas que "habían organizado en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre" para, "según la jueza, "oponerse a una operación policial legítima".

Amnistía Internacional hace un resumen bastante extenso en su informe anual sobre el 'procés', en el que deja claro que, a su entender, el 27 de octubre "los grupos políticos Independentistas del parlamento autonómico catalán" sí que "declararon unilateralmente la independencia de Cataluña". Y que el referéndum del 1-O –recuerda- se hizo desafiando varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Más allá del procés, el informe contiene críticas muy duras sobre el uso que los tribunales hacen del delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas, sobre todo por comentarios en las redes sociales. Afirma la asociación que en España el pasado año se "procesó a decenas de personas" por estos ilícitos y se condenó a 20. "Y en muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos", señala el estudio, que recuerda las condenas de la tuitera Cassandra Vera por sus chistes sobre Carrero Blanco o el proceso, que acabó en archivo, contra los titiriteros que pasaron cinco días en prisión preventivos.

También hay denuncias contra la ley mordaza. "Continuaron imponiéndose a particulares, activistas de derechos humanos y periodistas sanciones administrativas basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana y que podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información", recoge el documento.

Como en anteriores años también hay menciones a las supuestas "torturas y malos tratos". En esta ocasión, AI se refiere al caso de la supuesta miembro de ETA Nekane Txapartegi, huida a Suiza. Amnistía recuerda que el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse a la extradición, al dar por buenas sus denuncias de haber recibido malos tratos en una comisaría.

La famosa agresión a los guardias civiles de Alsasua y la instrucción judicial de este asunto también merece una mención especial para la asociación internacional, que pone como ejemplo este sumario de cómo el "poder judicial continuó aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista". El informe pone el acento en que tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por aquella presunta agresión en octubre de 2016 en un bar "permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018".

Y también un año más, Amnistía Internacional denuncia la "impunidad" del franquismo. Afirma que durante 2017 "las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, argumentando que no era posible investigar los crímenes denunciados -que incluían desapariciones forzadas y tortura- debido, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos".

Además –critica el colectivo- las autoridades nacionales siguieron sin adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de "desaparición forzada y ejecución extrajudicial", dejando que "las familias y las organizaciones interesadas" acometieran los proyectos de exhumación "sin el apoyo del Estado".