Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

El inmueble en cuestión es el bajo-garaje-vivienda en la Avenida de la Constitución de Valencia en el que actualmente reside el diputado del Grupo Mixto tras el divorcio de su tercera exmujer, Carolina Perles. Esa misma vivienda, que ha sido vandalizada varias veces, fue registrada el pasado junio por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incautándose los funcionarios de varios dispositivos de almacenamiento, entre ellos una memoria que la actriz porno 'Letizia Hilton', que se encontraba en esa casa en el momento del allanamiento policial, intentó sacar oculta en sus mallas.

El empresario ha aportado este lunes al juez del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, un documento, presuntamente confeccionado por su secretaria, en el que se varió el precio de compraventa de ese local en la capital del Turia, después de que –de acuerdo con la versión de De Aldama- el entonces secretario de Organización del PSOE abonara al vendedor parte del dinero de la transacción en B.

Según explica en su escrito el letrado del empresario, José Antonio Choclán, la presunta añagaza que llevó a cabo el entonces titular de Transportes para blanquear el dinero de las mordidas fue fijar un precio oficial de 90.000 euros por ese local que era propiedad de Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo, aunque en realidad el precio convenido fue 110.000 euros. El documento aportado por De Aldama, fechado el 4 de abril de 2020, con posterioridad a la venta real, es el que habría fijado el precio ficticio en 90.000. Choclán detalla que fue una empleada de De Aldama quien en esa fecha «redacta esta nueva versión del contrato, introduciendo cambios que, como indica, tiene pendiente comentar con él».

«Con posterioridad a la fecha consignada en el contrato privado, se modifica a la baja el precio de la compraventa, acomodándose la misma al precio de 90.000 euros», insiste el escrito registrado este lunes el Supremo. Un contrato, sostiene el equipo jurídico empresario, que «acredita la intervención de Víctor de Aldama y de personal a su cargo en la confección de las distintas versiones de dicho contrato, pese a que el mismo, no intervenía formalmente en la meritada operación inmobiliaria».

«La razón de la modificación del contrato no fue otra que la de adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa, y no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior», abunda Choclán.

«Pese a la evidencia encontrada en el dispositivo electrónico de De Aldama, que reflejaba un precio de 110.000 euros, lo cierto es que la compraventa fue formalizada el 8 de julio de 2020 por un importe de 90.000 euros, esto es, 20.000 euros menos», zanja la defensa del empresario también imputado.