Alcaldes contra jueces y periodistas contra periodistas, dos manifiestos tras la carta de Sánchez

En trazo grueso, la prensa internacional lo trasladó a sus lectores como que Sánchez se planteaba dimitir por un caso de corrupción de su mujer. Luego vinieron las matizaciones, una vez que el mecanismo de Moncloa, a quien la carta del presidente pilló con el pie cambiado, se puso en marcha. Sin embargo, ya reposada la noticia, hay medios, como el prestigioso 'The Economist' británico, que describe al presidente socialista como un 'drama king' (el rey del drama). Asegura que aventurar qué puede decidir el lunes es eso, una aventura; que su amenaza de irse quizás sea un nuevo capítulo de una carrera política llena de elementos dramáticos. Sin descartar que la carta en realidad obedezca a su deseo de dar el salto a Europa, 'The Economist' no descarta tampoco que quiera irse «antes de que te saquen a empujones». Y aquí entra otro elemento en la ecuación: las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo, cuyo resultado puede echar por tierra la gobernabilidad en España.

Pero no solo la maquinaria de Moncloa se activó para reconducir la situación y tratar de convencer a Pedro Sánchez de que continúe. Varones territoriales, agrupaciones y federaciones socialistas de toda España pusieron el resto para trasladar la imagen de unidad en torno a líder, y el periodo de interinidad también está siendo aprovechado para cuestionar la imparcialidad de nuestros sistema judicial y el señalamiento a los medios críticos con el Gobierno.

A ella, a la ciudadanía, le escribió Pedro Sánchez su misiva. Y a ella responderá este lunes si se mantiene en Moncloa o se va. Existe también la posibilidad de que decida mantenerse en el Gobierno con el anuncio de convocar elecciones a finales de mayo, aunque en su carta solo da dos opciones: irse o continuar. La respuesta de la calle ha sido tibia hasta este sábado. El mismo miércoles, a través de redes sociales y mensajes con el 'pásalo', se convocó a los simpatizantes socialistas a acudir a la sede de Ferraz a dar su apoyo al presidente. Se congregaron unas decenas. Al día siguiente, pese a la insistencia, la afluencia no sobrepasó las 200 personas. Este viernes, frente a la madrileña sede socialista, se llegó al medio millar, con una salvedad: más de la mitad al grito de «Sánchez, dimisión», «Sánchez, vete ya».

La prueba de fuego ha sido el comité federal de este sábado. Con autobuses llegados desde toda España, miles de personas (10.000, según fuentes socialistas; 12.500, a ojos de la Delegación del Gobierno) pidieron la continuidad de Sánchez a las puertas de Ferraz al tiempo que en la sede distintos cargos, empezando por María Jesús Montero, quien asumiría el control del país en caso de que el lunes el presidente decida dimitir, loaban su figura.

Estos días de reflexión de Sánchez en la Moncloa han servido para que todo el socialismo, incluso quienes son más críticos con el jefe del Ejecutivo, cierren filas con él. A tener en cuenta en el supuesto de que este lunes diga que continúa.

El término 'lawfare' lo popularizó Pablo Iglesias en nuestro país para denunciar la, según él, persecución judicial a la que se sometía a Podemos. Y fue repetido hasta la saciedad en las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para el apoyo de las fuerzas independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Se habló entonces de la instrumentalización de la Justicia para derrotar al adversario, en ese caso el Estado contra Junts y ERC. Se dejó por escrito que sí, que el 'lawfare' existía en España. Ahora, con la causa judicial en ciernes contra Begoña Gómez, es el propio Gobierno el que comienza a cuestionar el sistema judicial.

Además, este viernes, más de 2.500 alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells del PSOE y de otros partidos «progresistas» lanzaron un manifiesto, 'A favor de la concordia y la convivencia democrática', en el que señalan que la decisión de Sánchez viene condicionada por «comentarios y acciones difamatorias» hacia su persona y su entorno, que traspasan del campo político al personal. «Una corriente de impulso al lawfare que ha tenido ya sus primeros precedentes en Europa. Por ejemplo (sic.) Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda; o António Costa, ex primer ministro de Portugal. Y también en España con el caso de Mónica Oltra», especifican.

Las asociaciones de jueces responden ante estos ataques con una expresión que en su día ya fue empleada por el rey Juan Carlos cuando estalló el 'caso Nóos' o incluso el propio Pedro Sánchez cuando se inició una investigación en el Supremo por su patrimonio: «La ley es igual para todos. Ningún ciudadano está al margen de ella».

Y en este periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno también se ha puesto el foco en la prensa. Los medios de comunicación rara vez se han librado de los ataques o críticas de políticos cuestionados en el ejercicio de sus funciones. Pero en esta ocasión el señalamiento a un sector de la prensa ha llegado de otro en forma de manifiesto, con el que se pretende deslegitimar a los medios críticos o no afines con las políticas del Ejecutivo. O, como ocurre ahora con la causa judicial abierta contra Begoña Gómez, que cuestiona si la esposa del presidente podría haber incurrido en algún delito de tráfico de influencias.

«El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos», dice el texto al que se han sumado, según los impulsores del manifiesto, miles de periodistas (cualquiera puede inscribirse o escribir un nombre sin pasar ningún filtro), en un alegado «contra el golpismo y la máquina del fango». «Los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento», recalcan al inicio y final del manifiesto.

El derecho a la información está protegido por nuestra Constitución. La diversidad editorial es saludable en democracia siempre que se respete el derecho a la información y la crítica al poder sea veraz. «La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria y deja inerme al Estado de derecho», sostienen sin embargo los firmantes en el comunicado, obviando que a los interpelados les asiste el derecho de réplica y, en su caso, de rectificación.