El Gobierno desautoriza a Escrivá y rechaza un impuesto especial para Madrid

Montero trató de cortar la polémica de raíz y fue bastante clara al negar que entre los planes del Ejecutivo esté crear una tasa para las rentas altas de Madrid como planteó Puig hace unas semanas durante un acto en la capital. «Este Gobierno –insistió– no va a hacer política que enfrente a los territorios». La socialista sí que ha defendido en otras ocasiones una armonización fiscal que acabe con el 'dumping' fiscal del que acusa a los territorios más ricos, entre ellos Madrid. Pero nada que ver con esta figura tributaria que no disgusta a Escrivá pero que Montero considera «contraproducente» explorar.

En una visita a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, la ministra de Hacienda dejó claro que los pilares de la política fiscal del Ejecutivo pasan de manera «imprescindible» por «prestar servicios públicos de calidad», pero evitando el «enfrentamiento» entre los territorios para que no se produzcan «comparaciones» ni «agravios» por el hecho de vivir en una región u otra. «Jamás van a encontrar en este Gobierno nada que haga que se enfrenten los territorios», zanjó.

El principal partido de la oposición salió en tromba para respaldar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y denunciar el acoso al que, en su opinión, está sometida permanentemente la presidenta madrileña por parte de Moncloa. Para la dirección nacional del PP los continuos ataques lanzados hacia Ayuso responden a la «desesperación» del Gobierno por tapar su mala gestión frente a un «modelo de éxito» como el de la presidenta popular, que fue ampliamente respaldado en las urnas el pasado 4 de mayo.

Casado amplió ese ataque a todas las autonomías gobernadas por su formación al entender que lo que también está en el punto de mira del Ejecutivo son las políticas económicas que los populares promulgan, con la bajada de impuestos como bandera. «Cuando lleguemos al Gobierno bajaremos los impuestos y burocracia, reduciremos los ministerios a la mitad y mejoraremos la financiación autonómica», escribió el líder de los populares en su cuenta de Twitter.

La propuesta de Puig ha despertado dudas no solo entre los expertos, que no ven claro que el Estado puede aplicar una medida que regule un impuesto sobre una sola comunidad y un umbral de población concreto, en este caso las rentas altas, también entre algunas comunidades. «Poner un impuesto a un ciudadano que vive en una comunidad autónoma por el hecho de residir en esa comunidad me parece de dudosa constitucionalidad», reconoció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Para el mandatario gallego un impuesto específico a Madrid sería una «evidente equivocación» que contribuiría a incendiar más el debate territorial, marcado por el conflicto catalán. Una opinión que comparten el cántabro Miguel Ángel Revilla, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el extremeño Guillermo Fernández Vara. El socialista califica de «ocurrencia» la tasa que propone Puig y advierte de que lo único que crea es «confrontación».

Tampoco el Gobierno de Aragón, con Javier Lambán a la cabeza, está muy por la labor de apoyar el impuesto. «No somos partidarios de imponerle tasas específicas a ninguna comunidad, sea la que sea», advierten. Aunque sí verían con buenos ojos consensuar algún tipo de armonización fiscal entre las autonomías, al igual que Cantabria o Extremadura.