La Audiencia Nacional juzgará a la excúpula del PP valenciano por delito electoral
El juicio comenzará el 13 de marzo con 20 acusados, entre los que están ex altos cargos del partido como Ricardo Costa y Vicente Rambla
efe
Jueves, 22 de septiembre 2016, 16:35
El 13 de marzo empezará en la Audiencia Nacional uno de los juicios de la vertiente valenciana de la trama Gürtel con veinte acusados, entre ... ellos ex altos cargos del PP y de la Generalitat como Ricardo Costa y Vicente Rambla.
Se sentarán en el banquillo por delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y las generales de 2008, así como por delito fiscal, según consta en un auto notificado hoy del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará estos hechos.
El juzgado ha fijado entre el 13 de marzo y el 12 de mayo la celebración de la vista oral, que engloba tres piezas de la trama Gürtel en Valencia (1, 2 y 6) de las 5 que fueron remitidas a la Audiencia Nacional al perder los cargos implicados su aforamiento.
Entre los acusados en este juicio figuran Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del Gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV), autores, según la Fiscalía, de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y uno de falsedad documental.
El juicio se celebrará ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de marzo, 3, 4, 5, 6, 19, 20 y 21 de abril y 9, 10, 11 y 12 de mayo, en sesiones de mañana y tarde.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra, y 6 meses y 650 euros de multa para la exdiputada autonómica Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.
Entre los 20 acusados figuran también responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, el considerado número 2, Pablo Crespo; el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes", y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.
También los empresarios Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols, Alejandro Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Tomás Ortiz Selfa (imputado junto con la exalcaldesa de Alicante en el caso Brugal), José Francisco Beviá García y Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino, imputado en la pieza en la que se investigan irregularidades en la visita del Papa en 2006).
En el banquillo se sentarán asimismo los representantes de las mercantiles Orange Market, Diseño Asimétrico, Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez, Padelsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, y Ezentis (antes Sedesa).
En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que entre 2003 y 2005 el Grupo Correa se expandió a Valencia con el objetivo de "aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes".
El fiscal atribuye dos delitos electorales en 2007 a cuatro políticos (Costa, Serra, Rambla e Ibáñez), seis empresarios (Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla) y cuatro responsables de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero).
También considera a todos ellos responsables de un delito electoral en las generales de 2008.
El delito de falsedad documental se atribuye a cuatro políticos (Costa, Serra, Ibáñez y Rambla) nueve empresarios (Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino, Enrique Ortiz y José Francisco Beviá) y los cabecillas de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero).
Por último, señala a todos los encausados relacionados con las empresas de Gürtel (los anteriores más Blanco Balín) como responsables de varios delitos contra la Hacienda Pública.
A los empresarios Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez, Gabriel Batalla, José Francisco Beviá, Enrique Ortiz y Vicente Cotino les reclama tres años de prisión y una multa de 960 euros por falsedad documental y a todos ellos, salvo Beviá, Ortiz y Cotino, también les pide otros tres años y 3.900 euros de multa por delitos electorales.
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