Un rencor cosido a tiros

En este tiempo se han hecho célebres entre las rejas del centro penitenciario de Villahierro. Especialmente la madre, de 56 años, mujer del entonces jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Astorga, Pedro Antonio Martínez, quien pidió un rápido traslado a su anterior destino en Gijón a los pocos días de producirse el crimen.

Los expedientes disciplinarios por los desplantes, falta de higiene y excentricidades de Monserrat fueron seguidos por su hija. Cuentan que tuvieron de maestra a una interna de ETA. «¿Es que no me conoces? Soy famosa», le espetó al funcionario que le reclamó hace unas semanas el carnet de reclusa. Su última exigencia es que no quiere acudir a la Audiencia en el furgón de seguridad de la Guardia Civil. «Dice que es malo para su espalda», explica un responsable del módulo 10. Unos supuestos dolores de cervicales que convirtieron a estas dos mujeres en traficantes de droga. Un juzgado las condenó el pasado octubre a año y medio de cárcel después de que aparecieran 637 gramos de marihuana en el registro de su ático en León. Perfectamente clasificados en bolsitas y con pegatinas con las fechas y el peso. En el sumario del caso hay fotos de ambas regando su plantación en la casa familiar de Carrizo de la Ribera, una localidad a 25 kilómetros de la capital. «Son para fumar un porro de vez en cuando, para evitar los dolores», declaró la madre en la vista oral. El juez no la creyó.

La verdad es que su vida como internas no ha pasado en ningún momento desapercibida. Hace unos días, en una de las periódicas visitas del marido y padre para llevarles ropa y otros enseres, Montserrat «le montó una bronca» por unos zapatos que no le había pedido. Esta actitud contrasta con la que mantuvo la tercera imputada por el crimen, la policía local de León Raquel Gago, acusada de ser cómplice y encubridora por ocultar durante treinta horas la pistola usada en el homicidio. Raquel permaneció 258 días en la misma prisión hasta que logró, en enero de 2015 al cuarto intento, la libertad condicional a cambio de 10.000 euros. Era una «reclusa modelo» que jamás dio un queja y pasaba el tiempo haciendo deporte y leyendo libros, como la biografía de Mandela.

Planificación de sicarios

Veinte meses entre rejas son solo un aperitivo si la condena final del juicio con jurado popular que arranca mañana se acerca a los 23 años que piden el fiscal y las acusaciones particulares para las tres. Madre e hija tardaron bastante más tiempo en tejer en su cabeza la alfombra de rencores, odios y agravios comparativos que las llevó a cometer un crimen que sacudió a todo el país. Y que ejecutaron con «la sangre fría de un sicario», tal y como tratará de demostrar el fiscal jefe de la Audiencia, Emilio Fernández.

Hasta la hora pareció conjurarse para dar al delito un aire novelesco. A las 17.17 horas de aquel 12 de mayo de 2014, el petardeo seco de los disparos rompió el discurrir de un caluroso día. Minutos antes, Isabel Carrasco, el poder en femenino y con mayúsculas que controlaba todo lo que se movía en la política leonesa, salió de su casa tras despedirse de su pareja. Sola y a pie, tomó el camino hacia la sede del PP, situada al otro lado del río Bernesga. Esa tarde tenía que acompañar a Mariano Rajoy en Valladolid, en el mitin de apertura de la campaña para las elecciones europeas.

Montserrat y Triana la seguían ocultas bajo los árboles del paseo. Habían simulado una situación así muchas veces. De hecho, nada más ser detenidas, apenas veinte minutos después de apretar el gatillo, confesaron al menos otros cinco intentos previos de asesinato. Así que cuando Carrasco entró en la pasarela, Montserrat se separó de su hija y fue tras ella. Sentía el frío tacto metálico del revólver Taurus Magnum que llevaba en su bolso y que había comprado a un hampón ya fallecido de Gijón, donde su esposo estuvo destinado veinte años. Con su parka verde oliva militar, su gorra con visera, los guantes y el pañuelo que le tapaba la cara se creía irreconocible.

A mitad del puente, Montserrat apuntó a la espalda de Isabel Carrasco y disparó. La bala tocó el corazón, fue mortal. Fría, consumida por el odio, todavía se tomó su tiempo para rematarla con tres tiros más, uno de ellos fallido. Introdujo el arma en el bolso y volvió sobre sus pasos. Le esperaba su hija en una calle cercana. Triana cogió la bandolera y la metió en una mochila, que escondió en el coche de su amiga del alma: la policía local Raquel Gago. Su madre la esperaba al volante en una calle cercana. Había llegado el momento de huir.

Pero el crimen perfecto se estropeó por una casualidad. Y esa casualidad se llama Pedro Mielgo, un policía nacional retirado que cruzaba la pasarela en el momento de los hechos. En sus tiempos de agente en Benidorm se especializó en seguir a los sospechosos. Y esta vez e la volvió a jugar. «Pensé que me iba a meter dos tiros a mí también», dijo después de avisar a la policía municipal y de que madre e hija fueran capturadas a los pocos minutos. Mientras tanto, la municipal Raquel Gago recogía su coche y abandonaba la zona. Tardó treinta horas en presentarse en comisaría para denunciar que había encontrado un arma en su Volkswagen Golf. Pero en el móvil prepago que compartía con Triana había una llamada de 17 segundos recibida minutos después del asesinato.

En cuanto se confirmaron los hechos, llegó la incredulidad general. Todo era excepcional. La víctima y sus protagonistas: tres mujeres y las tres vinculadas, de una forma u otra, a los cuerpos de seguridad. La campaña electoral quedó suspendida. Al día siguiente, el propio Mariano Rajoy encabezó la comitiva de representantes públicos en el funeral. Intentaba reconfortar a una inconsolable Loreto Rodríguez Carrasco, la única hija de Isabel, que no dejaba de preguntarse «¿por qué?, ¿por qué?».

La respuesta arranca en una fecha: 7 de julio de 2007. Es el día que Triana Martínez toma posesión de una plaza interina como ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación. Once días después, Isabel Carrasco jura como presidenta de la institución. La ingeniera no tarda en hacerse popular. En el trabajo y en la política: se afilia junto a su «mamá» al PP y se queda a las puertas de entrar como concejal en Astorga, donde su padre, Pedro Antonio González, era el muy respetado jefe de la Policía Nacional. Madre e hija apenas pisaban la capital maragata y preferían vivir juntas en un ático de León. En alguna ocasión y desde la confianza, el comisario confesó a un amigo: «Mi mujer y mi hija no me hacen ni puñetero caso».

Pero con Carrasco no había medias tintas. O conmigo o contra mí. En las luchas intestinas de los conservadores, Triana se decantó por el bando rival de la presidenta. En la primavera de 2011 se precipita todo. En marzo, el número 6 de la lista del PP por Astorga dimite, lo que debía dar paso a Triana, que en la candidatura figuraba en el número 7. Extrañamente, el acta de concejal nunca llegó. Y las nuevas elecciones municipales se echaban encima. «El documento se reclamó, pero no sé por qué no llegó», confiesa el cabeza de lista de la localidad, Jacinto Bardal.

Muerte civil y política

Por aquellas fechas, también se celebró el concurso para cubrir el puesto que ocupaba Triana en la Diputación. Ella no superó el test de conocimientos y el joven que ganó la plaza, otro «recomendado», renunció a ella, pero Isabel Carrasco decidió amortizarla. También ordenó a los letrados de la institución que reclamasen a la ingeniera los 11.046,78 euros que cobró de más como complemento de exclusividad cuando era interina. Para rematar la faena, avisó a los ayuntamientos para que ninguno contratase sus servicios.

Montserrat, testigo de la caída en desgracia de su hija, estalla. Es una mujer segura de sí misma y acostumbrada a pasearse del brazo de su marido comisario en los actos oficiales. Capaz de gastarse 6.000 euros para presumir de que había coincidido con Michelle Obama en el hotel de lujo que ocupó en Marbella en su primera visita a España.

El fracaso laboral consumía a Triana. Deprimida, perdió casi 25 kilos. No había misericordia con ella. Le negaban incluso el pago a plazos del dinero adeudado a la Administración. Los consejos del padre policía para que buscara trabajo «por otro lado» chocaban con la obcecación de su hija y el orgullo de la madre.

Entrado el año 2012, la venganza parecía el único aliento en la vida de ambas. Comienzan a seguir a Isabel Carrasco y los vecinos llegan a denunciar su presencia en los alrededores de la vivienda. Después, confirmaron ante la jueza instructora que eran ellas.

En las dependencias policiales, Montserrat tardó 24 horas en derrumbarse y confesar la autoría material del crimen, pero nunca ha mostrado arrepentimiento alguno. «Solo tengo una hija y me desesperaba verla sufrir», le confesó a la jueza un mes después. «La mala hierba debe cortarse. Tan solo he hecho justicia. La tenía sentenciada». Son frases que aparecen en los informes forenses que descartan cualquier trastorno en las tres procesadas. Los psiquiatras destacan de Montserrat su «frialdad y la poca capacidad de empatizar con alguien que no sea su familia». El abogado que defenderá a la madre y a la hija ha incluido a varios funcionarios y compañeros políticos de la expresidenta de la Diputación entre el centenar de testigos citados para el juicio. Ante la ausencia de dudas sobre cómo sucedió todo, en la vista previa celebrada en septiembre, el letrado José Ramón García admitió que su estrategia se centrará en demostrar la «existencia de un acoso que desencadenó el trágico suceso». En aquella sesión preparatoria, unos y otros se prometieron «juego limpio».

Pero más allá de lo que se cuece en los pasillos judiciales, el asesinato de un personaje como Isabel Carrasco mostró hasta qué punto la crispación política puede emponzoñar la convivencia en España. Dos días después de levantar el cadáver, esa pasarela sobre el río Bernesga se convirtió en un santuario de dos formas muy distintas de expresar los sentimientos. Y el rencor. Los ramos de flores junto a las manchas de sangre fueron arrancados dos noches después y sustituidos por unas pintadas: aquí murió un bicho, aquí murió una cacique.

Javier Cremades, abogado que gestionaba algunas de las muchas disputas judiciales que tenía abiertas la líder del PP leonés, exigió al Estado que «actuara y persiguiera la apología del asesinato». Cremades es un experto en los desafíos legales que han surgido con las nuevas tecnologías.

El ministro del nterior, Jorge Fernández Díez, anunció de inmediato que había que «limpiar las redes de indeseables», acabar con los mensajes que casi justificaban lo ocurrido, como el de la concejala socialista de Vilagarcía de Arousa, Susana Camiño, que dimitió tras publicar en Facebook: «Quien siembra vientos recoge tempestades». Una semana después del entierro ya había tres detenidos por apología del asesinato. Uno de ellos, un joven de Logroño que advirtió a su alcaldesa en la red: «Eres la siguiente». Cuando la Diputación de León concedió a la víctima la Medalla de Oro a título póstumo surgieron nuevas campañas en internet. En change.org habían recogido 500 firmas en contra del galardón en apenas cuatro horas.

Por eso, cuando este martes comiencen a declarar Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago, se harán aún más presentes las advertencias del fiscal jefe contra el intento de convertir todo el proceso «en un juicio contra Isabel Carrasco» que, al margen de su ética, fue la que cayó asesinada en la pasarela del río Bernesga.