"Las cárceles catalanas son un pozo de captación de yihadistas"

En la cárcel de jóvenes de Barcelona, donde cumplen pena cerca de 320 reclusos de 18 a 25 años, más de la mitad musulmanes, un interno trae de cabeza a los funcionarios. L. F. es hijo de un «pseudodiplomático» palestino y una española. No tiene conocimientos profundos sobre yihadismo, ni tan siquiera del islam, «pero se dedica a radicalizar mediante soflamas y manipulando información». Parece que lo ha conseguido con dos compañeros de celda. Uno de ellos, T. L., ha pasado de preguntar a los vigilantes de forma recurrente si le veían con mucha pinta de musulmán soñaba con parecer europeo a vociferar contra americanos y judíos.

Ali, otro recluso del centro juvenil, condenado por colaboración con las redes de financiación de Al-Qaida, preparó un plante e informó de él a la dirección para ganarse su confianza. «Nunca habíamos visto nada parecido, unos 40 internos agrupados en una esquina del patio, con cintas blancas en la cabeza y ejecutando unos cánticos en árabe. Como estábamos avisados, lo abortamos en cinco minutos». Un confidente cantó ante el funcionario que ahora lo cuenta y así pudieron descubrir que Ali organizó también una red de entrada y reparto de drogas, cuyos beneficios iban a parar a las células yihadistas más cercanas. También se encargaba de cobrar el zakat un impuesto del 2,5% de los ingresos netos que limpia el corazón de egoísmo y codicia a todos los musulmanes que trabajaban en los talleres de la prisión.

Son tres ejemplos, pero hay bastantes más. «Las cárceles catalanas son un pozo importante de captación de yihadistas. No hay ningún tipo de seguimiento sobre ellos. El vacío es absoluto», denuncia Juan Luis Escudero, responsable de CSIF, el sindicato mayoritario en las prisiones de Cataluña, única comunidad autónoma con esta competencia transferida.

El panorama que describen el portavoz sindical y otros trabajadores consultados es inquietante para una población reclusa que supera las 9.000 personas, de las que la tercera parte profesa la religión musulmana, «que es totalmente legítima y pacífica. No identificamos el islam con el radicalismo, ni tampoco queremos que se identifique a los internos árabes con este fenómeno porque solo una minoría cae en el fanatismo. Pero urge hacer prevención, es la mejor herramienta para evitar cualquier brote», matizan los funcionarios.

No tienen traductores de árabe, tampoco controles sobre las comunicaciones escritas porque el correo es confidencial, ni sobre los «muchos» imanes que los sábados reúnen a decenas de internos «a puerta cerrada. No sabemos qué hacen, qué dicen y nos preocupan mucho».

En celdas donde antes colgaban pósters de Zidane ahora se ven fotos de combatientes empuñando kalashnikovs. En los patios se han producido «conatos de incidentes» y en «muchos» presos, transformaciones evidentes y preocupantes. «Cuando ingresan hablan con nosotros, tienen buena relación. Pero un día les ves bajar con la chilaba blanca, el Corán en la mano, se dejan la barba y ya no nos dirigen la palabra. Nos da mucho miedo que cuando salgan sean bombas de relojería».

La Generalitat parece que habla de cárceles diferentes: «Tenemos el mejor sistema para evitar la radicalización. Es un método humanista personalista, con los mejores resultados de Europa occidental», defendía hace unos días el conseller de Justicia, Germà Gordó. En su departamento nos aclaran que consiste en la evaluación «personalizada de cada preso por un equipo multidisciplinar compuesto por un jurista, un psicólogo, un educador social, terapeutas... que forman parte de la junta de tratamiento».

¿Aplican el mismo método a un delincuente sexual que a un sospechoso de radicalizar a compañeros?

El mismo. Nos preocupa cualquier tipo de radicalismo y este equipo los detecta todos. En cualquier caso, no tenemos ningún condenado por yihadismo en nuestras cárceles.

Pero sí gestionan una de las mayores poblaciones reclusas musulmanas de España, con un ratio de profesionales para atenderlos que «hace bastante complicado desarrollar ese seguimiento del que nos excluyen», cuestionan los trabajadores. En la primera galería de la Modelo (Barcelona), cuatro psicólogos y dos criminólogos atienden a 400 reclusos, vigilados por cuatro funcionarios, según fuentes sindicales. «Es imposible, no hay seguimiento individualizado», refutan empleados del centro barcelonés. En el resto de los penales calculan una media por módulo de 200 presidiarios y 3 funcionarios. Cada psicólogo o jurista «tiene a su cargo a unas 80 ó 90 personas. Si van una vez al mes al patio, ya es mucho».

El patio y el ramadán

De postre, los recortes se llevaron por delante la figura de los mediadores: personal árabe que hacía de enlace con las familias, sobre todo marroquíes, de los reos más jóvenes para que mantuvieran ese vínculo fundamental. «Los que están solos, sin sustento económico, son los más vulnerables. Los captadores aprovechan momentos duros como el ramadán del pasado agosto, con diez horas de sol sin probar agua. Ahí aparece el típico interno que capta en el patio, crea conflictos. Es un caldo de cultivo permanente. Nosotros convivimos con ellos y no nos pueden engañar».

En el resto de España, el control a este tipo de reclusos se ha ido estrechando hasta saber lo que hacen las 24 horas del día. En la actualidad, vigilan a 130 reos, considerados especialmente peligrosos por su capacidad para «comer la cabeza a chicos aburridos, sin un duro, a los que protegen y les prometen el paraíso en el Estado Islámico», apuntan fuentes policiales. En Soto del Real (Madrid) vigilan estos días de forma especial a siete de los ocho detenidos a uno lo soltaron en la última operación contra el yihadismo. Una célula compuesta por seis hombres y dos mujeres, todos ellos jóvenes y españoles, cinco de origen marroquí, la mayoría camuflados en Cataluña entre los núcleos de población musulmana ajena al extremismo y muchas veces también amenazada.

Supuestamente se dedicaban a reclutar, a través de las redes sociales, para engrosar las filas del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak. Ahora duerme en Soto del Real Mohamed El Amrani (30 años), sacado a la fuerza del piso de LHospitalet de Llobregat donde vivía con us padres y hermanos. Los vecinos notaron un cambio radical tras pasar una temporada en Marruecos: «Volvió con chilaba, barba larga, huraño. Dejó de hablar, estaba todo el día al ordenador». O Ismael Boufarcha, residente en Piera (Barcelona), 18 años y una madre española convertida al islam que dice «no saber lo que hace. Solo participa en debates online sobre temas variados como el uso del burka».

Los Mossos compran armas

De estos siete encarcelados van a apuntar lo que hablan, comen, hacen... todo. Dentro de la prisión y fuera: cuando salgan se les hará un seguimiento. «Nos han formado con pautas muy claras y tenemos traductores», garantiza Ignacio Gutiérrez, portavoz de Acaip, el sindicato mayoritario de prisiones en España. «Nos preocupan, sobre todo, los captadores. Es difícil pillarles porque no hablan delante de los funcionarios. Partíamos de cero y nos queda camino por recorrer, pero hemos avanzado mucho. Otra cosa son las cárceles catalanas».

Fuentes policiales y de Interior confirman que es «un hecho» la falta de un seguimiento como éste en las penitenciarías que dependen de la Generalitat: «Deberán corregirlo, van a tener que hacerlo». Hablan con esa determinación porque les respalda el plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, aprobado por el Consejo de Ministros a principios de año y que obliga a incluir ese control exhaustivo entre rejas. Pero en el Govern de Artur Mas miran hacia otro lado: «Nosotros ya tenemos nuestro plan».

La Consejería de Justicia no facilita datos sobre cuántos supuestos terroristas detenidos en suelo catalán han pasado previamente una temporada a la sombra. Pero los investigadores Fernando Reinares y Carola García-Calvo calculan que dos de cada diez condenados en España entre 1996 y 2012 por yihadismo tienen antecedentes penales. Jofre Montoto, analista de seguridad, recuerda que en Francia «muchos yihadistas han pasado por la cárcel y se han radicalizado allí, y aquí se ha copiado el patrón. La gente está asustada, dentro y fuera de las prisiones». Le llaman «muy preocupados» vigilantes de prisiones y también Mossos dEsquadra. Toni Castejón es el portavoz de los tres sindicatos de la policía autonómica.

La preocupación es máxima y absoluta en Cataluña. Desde el atentado de París, se subió el nivel de alerta, pero a la mitad del Cuerpo se le comunicó pasadas 48 horas. Hay mucho miedo a un atentado contra agentes. Hemos recibido muchas consultas de mossos que quieren comprarse una segunda arma.

En el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde se analiza toda la información estratégica y trabaja personal de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, CNI e Instituciones Penitenciarias, rebajan la alarma desatada en Barcelona. Varias entidades islámicas de la comunidad autónoma existen 230 han alertado de que cédulas radicales esperan una señal para atentar en la capital del turismo mediterráneo; dicen que es un objetivo prioritario en Europa, a la misma altura o superior que París o Londres. Pero al CITCO no le cuadra: «No hay nada específico. Hay que distinguir entre riesgo de amenaza terrorista y riesgo de radicalización».

Los agentes que olfatean las calles tampoco se lo creen del todo. Miguel, policía nacional, lleva rastreando el área metropolitana de la Ciudad Condal treinta años. Y se le entiende mejor que a los altos cargos de Inteligencia.

Claro que tienen capacidad para atentar, pero en tu casa no la lías. Aquí tenemos redes de captación, de apoyo económico, una célula islamista que robaba pasaportes... Se han especializado en dar esos tipos de cobertura. Hacen y deshacen con discreción, mientras intentamos pillarlos. No deberían cometer una locura porque se les cae el chiringuito abajo. Ahora, eso no quita para que salga un tarao con un cuchillo. O que por el pique entre Al-Qaida y el Estado Islámico la preparen.

Por las detenciones realizadas y las más de 200 investigaciones abiertas se deduce que un tercio del yihadismo se concentra en Cataluña, otro tercio en Ceuta y Melilla y el resto se reparte en diferentes puntos del país, especialmente en Madrid, Murcia y Valencia. Es la única manera que, de momento, tenemos de medir la amenaza. «Pero es la punta de un iceberg de tamaño desconocido, no sabemos lo profundo que es», apunta Javier Jordán, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada y reputado analista del terrorismo internacional. En el ranking de riesgo de atentado, coloca a España en la mitad del tablero europeo, por debajo de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

En Ceuta, donde la policía desarticuló la primera célula que envió muyahidines desde suelo español a Siria y cuyo juicio comenzó este miércoles en la Audiencia Nacional, la cosa parece más calmada que en Cataluña. Parece. «La gente por la calle no está asustada, se ha acostumbrado a convivir con esto. Pero se está trabajando mucho, a la mínima nos echamos encima. Hay mucho más control en la frontera de todos los movimientos que puedan darse. Todo se ha acelerado», admiten fuentes policiales ceutíes.

La poderosa red de propaganda del Estado Islámico por internet está obligando a las Fuerzas de Seguridad del Estado a redoblar el cerco al yihadismo, a actuar mucho más rápido. En el CITCO hablan claro: «Nos preocupan mucho las acciones individuales. La clave está en detectar bien las prioridades y que no nos pase como en los atentados de Francia. Los terroristas eran conocidos, pero no se calibró bien. Todos los casos tienen un proceso un antes, un durante y un después y tiene que ser detectado», resume un alto mando de la lucha terrorista. Amedy Coulibaly, el asesino de un policía y cuatro judíos en un supermercado de Porte de Vincennes, conoció a Chérif Kouachi, uno de los dos hermanos de la matanza de Charlie Hebdo, en la cárcel. Amedy, delincuente común, abrazó el extremismo entre barrotes.