La Audiencia Nacional estudia elevar a Europa la excarcelación de etarras

Lo que pretenden los magistrados de la Audiencia Nacional que han impulsado esta posibilidad es que se clarifique si, como consideraron algunos de ellos, esa normativa implica restar del total de la condena las penas de otros países de la Unión Europea o si, como ha entendido el Tribunal Supremo, atendiendo al criterio de la Fiscalía, eso solo es posible para las condenas impuestas a partir de 2010.

Este asunto lo ha llevado al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrado por la totalidad de la veintena de magistrados del tribunal, la sección tercera con apoyo de magistrados de la primera, fundamentalmente aquellos que consideraron que la decisión marco del Consejo de Europa llevaba a restar de la totalidad de la condena las penas impuestas en otros países de la UE, han informado fuentes jurídicas.

Esa interpretación se tradujo en la excarcelación del histórico dirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros (al que poco después volvió a encarcelar la Audiencia Nacional por una causa pendiente) y al también miembro de ETA Alberto Plazaola, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La revocación de ambas decisiones por parte del Tribunal Supremo al resolver un recurso de la Fiscalía en contra de las excarcelaciones de los dos etarras -con la consabida fuga de Plazaola- es lo que ha llevado a ambas secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a plantear ante el pleno la posibilidad de consultar al tribunal europeo cómo debe aplicarse la normativa sobre la acumulación de condenas.

Fecha fijada

Una de las cuestiones que discuten los jueces que quieren llevar este asunto al tribunal de Luxemburgo es que se haya fijado una fecha, agosto de 2010, a partir de la cual sí cabría la acumulación de penas a la que se refiere la transposición a nuestra legislación de la normativa europea, de 2008 e integrada a nuestras leyes a finales del pasado año.

Los magistrados que defienden la cuestión prejudicial apelan a que la implantación de esa normativa en nuestra legislación ha vulnerado principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según las fuentes consultadas.

El procedimiento prejudicial es un procedimiento que se ejerce ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y permite a un órgano jurisdiccional nacional consultar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o validez del derecho europeo. Este procedimiento permite a los jueces de los estados miembros consultar al tribunal sobre la interpretación del derecho europeo.