La Fiscalía vasca cita al alcalde de Vitoria por incitación al odio

En el escrito remitido al alcalde, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, explica a Maroto que tiene que acudir el jueves a declarar al Palacio de Justicia de Bilbao en calidad de denunciado y que por lo tanto puede ir acompañado de un abogado.

SOS Racismo presentó una denuncia contra Maroto por decir que muchos inmigrantes "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse" y tachó de "escandaloso" el caso de los ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria.

A raíz de dicha denuncia, el fiscal superior del País Vasco abrió unas diligencias de investigación y pidió al alcalde que presentara un escrito de alegaciones en su defensa, que éste ya le remitió. En la documentación enviada por Maroto se incluye un estudio de las personas atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria en los últimos años y la evolución del padrón por nacionalidades, según desveló el portavoz de SOS Racismo, Fede García. En el informe se analizan por ejemplo las 1.358 nuevas atenciones en servicios sociales entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, de las que el 55,7% fueron de nacionalidad española y el 44,3% extranjera.

Además el alcalde adjuntó una carta en la que dice que sus declaraciones "se sustentaron" en dicho informe y añade: "En ningún caso estaba, ni está, en mi voluntad provocar a la discriminación ni al odio racial ya que mi único interés es el de la buena administración de los recursos públicos y la lucha contra el fraude a los mismos".

Argumentos de SOS Racismo

A la vista de estas alegaciones, el portavoz de SOS Racismo opinó que Maroto no aportó "datos suficientes" que justifiquen sus acusaciones dado que el informe remitido "no habla de fraude" en las ayudas sociales que reciben los magrebíes.

SOS Racismo considera que con sus declaraciones el alcalde ha podido incurrir en los delitos de incitación al odio y contra la dignidad de las personas, además de otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por difundir informaciones falsas dirigidas a generar una situación de discriminación contra unos colectivos por su origen nacional.

La polémica que abrió Maroto este verano con dichas declaraciones no sólo ha llegado a los juzgados, sino que ha monopolizado debates políticos en el Parlamento Vasco, donde todos los partidos han afeado la actitud del PP y le han dejado solo en su defensa de endurecer los requisitos de acceso a las ayudas sociales, fundamentalmente de la Renta de Garantía de Ingresos.

El objetivo de los populares es que no puedan disponer de estas ayudas los inmigrantes ilegales, las personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social y quienes no estén empadronados en Euskadi desde hace diez años, en lugar de tres como ocurre ahora, entre otros planteamientos.

Aunque el PP podría promover estos cambios en la Cámara vasca, el resto de grupos tumbaría su propuesta, por lo que los populares han decidido dejarla en manos de una nueva plataforma ciudadana denominada 'Ayudas + Justas' que tratará de recoger 30.000 firmas en Euskadi para promover una Iniciativa Legislativa Popular.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria considera que la polémica abierta por Maroto ha llegado incluso a propiciar actitudes xenófobas en Vitoria, como las ocurridas la pasadas semana, ya que el lunes 3 un hombre agredió a otro por recriminarle unos comentarios xenófobos y el jueves 6 un conductor de un autobús urbano no permitió subir a una mujer con un burka.