El juez imputa a los secretarios generales de UGT-A por financiación ilegal del sindicato

El juez sigue así la petición de Anticorrupción, que el pasado día 7 de octubre solicitó que se les llamase a declarar después de que varios trabajadores del sindicato detenidos en la operación Cirene a comienzos de verano afirmaran que, como máximos responsables de la organización, no solo estaban al tanto de lo que ocurría sino que tomaron decisiones relacionadas con este supuesto fraude.

Así, según consta en la petición de Anticorrupción, estos imputados apuntaron que el supuesto fraude habría empezado con la implantación de una central de compras y que Pastrana y su primero mano derecha y posteriormente sucesor designaban a las empresas colaboradoras con las que mantenían un bote o un rapel descuento por compras al por mayor que luego no repercutían en las justificaciones de gasto ante la administración--. El extesorero Federico Fresneda también aseguró que la ejecutiva regional estaba al tanto del denominado canon revolucionario, la retención de un porcentaje de todas las ayudas obtenidas para formación.

Pastrana, que dirigió el sindicato andaluz durante casi tres lustros, dimitió por motivos personales a comienzos de 2013, y su puesto lo ocupó Fernandez Sevilla, que había sido secretario de Organización. Éste tuvo que dimitir a finales de ese mismo año asediado por las continuas denuncias de facturas falsas para desviar fondos públicos y tras conocerse que la Junta de Andalucía reclamaba al sindicato 1,8 millones de euros por subvenciones indebidamente justificadas.