España no secunda la petición de cinco países europeos de prorrogar el motor de combustión

También Alemania ha manifestado su rechazo a esta fecha límite en 2035 pues, la semana pasada el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, tildó la propuesta de «decisión equivocada», adelantó que Alemania no iba a respaldar la propuesta de prohibir los vehículos con motores de combustión y lamentó que no se plantee el uso de tecnología para reducir emisiones.

España no se encuentra entre los solicitantes, ya que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado este martes que España respaldará la propuesta de 2035 como fecha para poner fin a los coches de combustión en la Unión Europea.

«España apoya el 2035. Un grupo de Estados miembros aboga por adelantarlo a 2030 y Alemania e Italia no piden una extensión, sino que están sugiriendo propuestas para flexibilizar algunos aspectos», ha señalado Ribera ante la prensa a su entrada al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, en el que debatirán el paquete con el que el bloque actualizará su legislación en materia climática, llamado 'Objetivo 55'.

Los solicitantes plantean un desfase de cinco años para los turismos, de tal manera que establecen un objetivo de reducción de emisiones del 90% en 2035 y del 100% en 2040. En el caso de los vehículos comerciales ligeros han propuesto que los objetivos de reducción de emisiones se fijen en el 45% para 2030, el 80% para 2035 y el 100% en 2040.

Estos cinco países han instado al resto de Estados miembros a crear un periodo de transición para no generar «costes desproporcionados e innecesarios para la industria de la automoción y los consumidores».

Argumentan que hay «barreras» para alcanzar una movilidad cero emisiones, como la expansión de la red de recarga eléctrica, el desarrollo de una «industria europea de baterías», establecer incentivos adecuados a la producción de vehículos cero emisiones o la «adaptación del sector de la automoción» que tendrán que cambiar su red de aprovisionamiento de componentes así como adaptar la formación de sus trabajadores.

Además, la carta hace una mención específica a las furgonetas y señala que su electrificación y desarrollo requiere de tiempos de producción más largos y que es necesario «garantizar la igualdad de condiciones entre fabricantes de los vehículos ligeros», de tal manera que se reparta entre ellos la reducción de emisiones y no perjudique a los productores «de furgonetas más pesadas».

Italia y otros cuatro Estados miembro advierten del impacto para las pequeñas y medianas empresas de una transición acelerada, que les obligaría a modificar las características de sus vehículos y podría llevar a la pérdida de cuota de mercado, lo que tendría un impacto negativo en el empleo y en «el potencial de innovación».

Así, piden «una prórroga» para los pequeños productores, cuyo impacto ambiental es muy limitado ya que representan el 0,2% de las matriculaciones de automóviles nuevos en la UE, y el 0,3% de las matriculaciones de furgonetas nuevas en la UE.

Por último, estos cinco países han requerido que se contemple el uso de combustibles renovables para dar a los productores «la flexibilidad necesaria» sin incurrir en riesgos comerciales y evitar así situaciones de escasez de coches y furgonetas asequibles para uso privado o empresarial.

En julio del pasado año, la Comisión Europea propuso que a partir de 2035 no se puedan vender turismos ni furgonetas nuevos con motores de combustión, es decir, los vehículos de gasolina, diésel, gas o híbridos. Una propuesta que resultó respaldada, a principios de este mes, por la Eurocámara.

La propuesta europea fue aprobada el pasado 8 de junio en el Parlamento Europeo, en línea con lo planteado por el Ejecutivo comunitario en julio del año pasado, que fijó que «todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones«.

Tras determinar la posición de los Veintisiete en el encuentro de ministros de este martes, empezarán las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo antes de que se acuerde una norma definitiva