La Universidad de Granada recurrirá en el Supremo tras anular el TSJA la suspensión de sus colaboraciones con Israel

Preguntado por los medios sobre este asunto en la jornada de recepción de estudiantes en el inicio de curso en la UGR, el rector, Pedro Mercado, ha explicado que, desde el «máximo respeto» a las decisiones judiciales, el equipo jurídico de la institución académica evalúa los argumentos de la sentencia para la preparación del recurso con el fin último de defender «los valores que inspiran a la propia Universidad».

Mercado, que ha apuntado que existen 30 días hábiles a partir de la notificación de la sentencia para la presentación del recurso, ha explicado que el Consejo de Gobierno de la UGR dio un paso con la suspensión de los acuerdos con aquellas instituciones de Israel que no hubieran condenado la violación de derechos humanos en los ataques a Gaza, la cual «después fue avalado por los tribunales y que ahora otro tribunal ha obligado a suspender».

El paso lo daba la UGR en el marco de las propias recomendaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en el contexto general que se vivía en mayo de 2024 «y de lo que sigue siendo desgraciadamente un conflicto y una situación internacional de extremísima gravedad en términos de violación de derechos fundamentales».

El rector, que ha señalado que no hay repercusión «de forma práctica y efectiva tanto al ámbito docente como el de la movilidad» ni tampoco en términos económicos de la suspensión o no de los acuerdos con instituciones de Israel, ha explicado que la UGR seguirá «peleando en los tribunales» en tanto entiende que «no existe ninguna vulneración de otros derechos en su iniciativa» y todo ello para velar en el ámbito de la autonomía universitaria velar por sus objetivos.

En la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, el alto tribunal andaluz estima el recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y revoca el fallo dictado en marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR.

Esta institución docente suspendió en mayo de 2024 su colaboración académica y científica con instituciones israelíes en respuesta a las movilizaciones de los estudiantes, de la comunidad educativa y de la sociedad civil.

Concretamente, suspendió la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador, y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes. También, la cooperación científico-técnica con instituciones israelíes, así como varios convenios con universidades del territorio.

Para el TSJA, con ello la UGR, «bajo el pretexto de su autonomía universitaria», ha dictado un acuerdo «discriminatorio que vulnera, además, la dignidad de la persona en relación con el derecho a la integridad moral de los afectados, a quienes estigmatiza --advierte--, pues, de alguna manera, responsabiliza del conflicto y excluye de la vida universitaria sin ni siquiera conocer cuál es su opinión sobre el estado actual del conflicto».

Sostiene el TSJA que, con ello, la universidad granadina transmite a la opinión pública «una opinión negativa sobre ellos, enfrentándoles de ese modo con el resto de la población y generándoles un peligro», lo que considera «extraordinariamente grave desde una institución educativa tan relevante como es una universidad pública».

«La autonomía universitaria no excluye las limitaciones que imponen otros derechos fundamentales, y consideramos que los pronunciamientos sobre asuntos de actualidad política de las instituciones públicas ajenos a su concreta esfera de competencias, es contrario a derecho si contienen, como es el caso, medidas que vulneran los derechos fundamentales», agrega la sentencia.

Recurso

En una nota, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que participaron como codemandadas defendiendo la legalidad del acuerdo, lamentaron el pasado jueves «profundamente este retroceso» y anunciaron que interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada avaló en marzo de 2025 la suspensión, sosteniendo que la Universidad actuó dentro de su autonomía universitaria y que la medida no constituía discriminación, sino una respuesta proporcional y ajustada al derecho internacional humanitario, si bien el TSJA revocó ese pronunciamiento.