La Eurocámara denunciará a la Comisión por los fondos para Hungría y Polonia
El Parlamento la acusa de inacción porque «los países que violan el estado de derecho no pueden recibir dinero de la UE»
Salvador Arroyo
Corresponsal en Bruselas
Miércoles, 20 de octubre 2021, 18:33
El equipo de Ursula von der Leyen maneja unos tiempos que el Parlamento Europeo no comparte. Sospecha de dilación. Desde hace meses viene reclamando una ... respuesta efectiva contra Hungría y Polonia por esas derivas autoritarias que han colocado en el centro de la diana los derechos LGTBI, la independencia judicial o la libertad de prensa. Pero ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional de Varsovia, que anula la primacía del derecho europeo al invalidar varios artículos clave, la que ha colmado la paciencia del legislativo. Y lo que se avecina es una reescalada de las tensiones interinstitucionales con una demanda por inacción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La pasada semana, los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Juri) del Parlamento recomendaron al presidente David Sassoli que pulsara el botón para abrir un procedimiento judicial contra el Ejecutivo de Bruselas por no haber actuado contra los países que vienen incumpliendo de manera sistemática los estándares del Estado de Derecho. En concreto por no haber dado ningún paso hacia adelante para cerrarles el grifo de los fondos comunitarios. Existe un Reglamento de Condicionalidad que ampara el bloqueo de la financiación. Está en vigor desde el pasado 1 de enero; Hungría y Polonia –que lo consideran arbitrario y sin base jurídica– lo tienen denunciado en el TJUE. Y la Comisión_Europea, hasta la fecha, solo lo ha mirado de reojo. Trece votos a favor, tres en contra y seis abstenciones sustentaron la petición del Juri a Sassoli. Y este miércoles la mayoría de los líderes de los grupos políticos apoyaron la iniciativa.
Así que el italiano, que continúa recuperándose de una neumonía que incluso le va a impedir asistir al Consejo_Europeo que arranca hoy en Bruselas, ha enviado ya una carta a los servicios jurídicos de la Cámara para que se pongan manos a la obra. «Los Estados miembros que violan el Estado de Derecho no deberían recibir fondos de la UE. El año pasado, el Parlamento luchó con todas sus fuerzas por un mecanismo que lo garantizara. Sin embargo, hasta ahora la Comisión Europea se ha mostrado reacia a utilizarlo», explicaba Sassoli en una comunicación.
Se retirará si actúa
La misiva, de cuatro párrafos, hace hincapié en esa idea. «Esta acción contra la Comisión se refiere a la falta de actuación respecto a su obligaciones en la aplicación del Reglamento de Condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión». La demanda se retendría o se retiraría «solo en la medida en que la Comisión desencadene formalmente el procedimiento». Esto es, en el momento en el que se notifique formalmente por escrito a los afectados que se enciende para ellos la luz roja.
Aquí la Eurocámara considera dos situaciones concretas ¬al margen de la evolución que pueda darse por la importante carga política del asunto. La primera, el veredicto del Alto Tribunal sobre el citado recurso de Hungría y Polonia, que no se espera hasta diciembre. Y la segunda (evidente) que la Comisión Europea actúe. Aquí hay que tener en cuenta la dureza de los mensajes que Von der Leyen dirigió al primer ministro polaco Mateusz Morawiecki en el cara a cara que protagonizaron el martes en el pleno de Estrasburgo.
«La Comisión está analizando detenidamente la sentencia (del Tribunal Constitucional polaco) pero estoy profundamente preocupada porque pone en tela de juicio los cimientos de la UE y es un desafío directo a la unidad y al ordenamiento jurídico europeo, el único que ofrece derechos y certeza legal, además de confianza mutua», aseguró la alemana antes de advertir a Morawiecki que «actuaremos». Explícitamente citó el mecanismo de condicionalidad que dejaría a Polonia con al menos 142 mil millones de euros en el aire.
Varsovia se cuela en la cumbre del Consejo
«También abordaremos los desarrollos recientes relacionados con el Estado de Derecho durante nuestra sesión de trabajo». Es la referencia (poco precisa) que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, realiza al conflicto legal con Polonia en la carta de invitación a los líderes para la cumbre que comienza este jueves en Bruselas. El polémico asunto entra con calzador, en la primera jornada de la cita, pese a la oposición de muchos países (España entre ellos) que temen que este conflicto acabe «monopolizando» un Consejo que tendrá como asuntos centrales la escalada en los precios de la energía y la migración.
La cuestión es que finalmente se incorpora, pero no con carácter formal, sino como un aparente intercambio de opiniones con la intervención de algunos líderes y del propio Mateusz Morawiecki que ofrecería su versión. Aunque ya el martes en la Eurocámara se mostró inflexible al asegurar que no aceptaría «chantajes» con la financiación y que la Constitución de su país «está por encima de cualquier otra fuente de derecho».
La Eurocámara ha presionado hasta el último momento para que el Consejo Europeo tratase el asunto. Los principales grupos políticos lo exigieron este miércoles durante sus intervenciones reclamando a los líderes que «tomen una dirección política clara sobre la cuestión del respeto del Estado de Derecho» dando un impulso a los procedimientos del Artículo 7 (contra Polonia, pero también contra Hungría), en vía muerta desde hace años y al propio Reglamento de la Condicionalidad.
En las últimas horas, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo han solicitado a la Comisión Europea que vaya más allá del bloqueo de fondos comunitarios a Budapest y Varsovia considerando que «la apertura de un procedimiento de infracción resulta evidente, pero también insuficiente».
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