Dinamarca aprueba una ley para enviar fuera de Europa a los solicitantes de asilo

El Gobierno danés ya está negociando esta controvertida fórmula de 'rebote' con varios países africanos. Egipto, Eritrea o Etiopía han sido citados como posibles destinos por algunos medios de comunicación del país. Pero hace apenas un mes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca ya publicaba un 'Memorando de entendimiento sobre cooperación en asuntos de asilo y migración' firmado durante una visita oficial a Ruanda. Los refugiados serían trasladados a centros de asilo en los que se verían sus casos y, con el soporte de los acuerdos bilaterales, previsiblemente recibirían allí el amparo de las autoridades locales.

Y todo en medio de una avalancha de críticas de organizaciones humanitarias, la propia Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) e incluso la Comisión Europea. este jueves habló de una medida que provoca «preocupaciones fundamentales» y no descarta nada tras un «análisis en profundidad» de la misma.

El director para Europa de Amnistía Internacional ya había advertido semanas atrás del movimiento. «La idea de que los países ricos puedan pagar sus obligaciones internacionales, despojando a las personas que buscan asilo de su derecho incluso a que sus solicitudes sean consideradas en Dinamarca, es profundamente preocupante», declaró.

La cuestión es que esta nueva vuelta de tuerca es muy polémica y ya se lee como un intento del país nórdico por eludir sus obligaciones como miembro de la UE, lo que complica aún más la siempre difícil tarea de que los Veintisiete sumen esfuerzos y unifiquen criterios en un asunto que siempre les ha dividido. El polémico paraguas legal danés ha salido adelante en su Parlamento con 70 votos a favor y 24 en contra.

La iniciativa emanó del Gobierno de centro izquierda que dirige Mette Frederiksen y obtuvo el respaldo de las fuerzas conservadoras y la ultraderecha. En el país residen, según datos recientes de la ONU, 723.000 inmigrantes (sirios, turcos, iraquíes e iraníes son los grupos extraeuropeos más representativos), un 12,41% de su población. En 2019 Dinamarca se situaba en la posición 50 por número de ciudadanos extranjeros.

«Si una persona pide asilo en Dinamarca debe saber que será enviado a un país fuera de Europa. Confiamos en que así la gente deje de solicitarnos asilo», aseguraba con crudeza uno de los portavoces del Gobierno, Rasmus Stoklund. Un mensaje luego matizado tímidamente por el responsable de Extranjería, Mattias Tesfaye, hijo de un inmigrante etíope. Los compromisos que el país nórdico cierre con terceros Estados respetarán «las obligaciones internacionales».

Pero asaltan las dudas. Y Bruselas las pone encima de la mesa: «El procesamiento externo de las solicitudes de asilo plantea preguntas fundamentales tanto sobre el acceso a los procedimientos de asilo como sobre el acceso efectivo a la protección», aseguraba este jueves el portavoz de Migración de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz. Añadía incluso que «no es posible (esa fórmula) bajo las normas o propuestas existentes en la UE o en el marco del nuevo pacto para la migración y el asilo».

Ese nuevo pacto que propone el Ejecutivo comunitario «está basado en el derecho de asilo como un derecho fundamental de la Unión». Un tono más claro del que acostumbra Bruselas, cuando se trata de valorar decisiones políticas domésticas. «La Comisión analizará cuidadosamente las leyes danesas antes de decidir los próximos pasos», añadía este portavoz.

En el trasfondo de la polémica se encuentran esas sensibilidades dispares que existen en la UE sobre el fenómeno migratorio. Después de cinco años con el pacto de Dublín en vía muerta por la falta de solidaridad de los propios socios en el reparto de migrantes, la Comisión Europea impulsó en septiembre del pasado año un nuevo compromiso de supervisión de entrada, acogida o expulsión de migrantes que no ha conseguido todavía llegar a buen puerto.

La propuesta plantea una mayor vigilancia en las fronteras exteriores, con un refuerzo de sistemas de identificación y cribado para una devolución más rápida de los migrantes ilegales, además de un reparto sin cuotas apelando a la «responsabilidad y solidaridad» de los Estados socios. Y que todos los países se hagan cargo de la expulsión de irregulares asumiendo costes y logística. También se apuesta por la colaboración más estrecha con los territorios ajenos a la Unión mediante asociaciones «a medida y mutuamente beneficiosas» y un papel mucho más activo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).