Sunak aplaca la rebelión en su partido y saca adelante el plan de inmigración

La votación es el desenlace de un debate de dos días sobre el proyecto de ley Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) que el Gobierno ha diseñado para facilitar la deportación al país africano de inmigrantes que llegan a las costas británicas de manera irregular. El número de llegadas a las costas está reduciéndose por la mayor coordinación con las fuerzas de seguridad francesas.

El plan de deportación fue anunciado en abril de 2022 por el Gobierno de Boris Johnson. La entonces ministra de Interior, Priti Patel, firmó un acuerdo con su colega ruandés, Vincent Biruta, para ponerlo en marcha. Pero cerca de dos años han pasado desde entonces y no se ha deportado a ningún inmigrante, a pesar de que el Partido Conservador ha gobernado en este tiempo y ha introducido tres leyes.

Por eso parece razonable la respuesta que dio a la prensa Paul Kagame, presidente de Ruanda, en la cumbre de Davos. «No es un problema nuestro, es del Reino Unido», dijo cuando le pidieron un comentario sobre lo que ocurría en el Parlamento británico. Y más tarde señaló al diario 'The Guardian' que devolverá el dinero del programa, cerca de 300 millones de euros, si las deportaciones no ocurren.

El Partido Laborista alentó a Sunak a que pida la devolución del dinero, mientras las facciones del grupo parlamentario conservador -se considera que hay cinco distintivas- argumentaban en favor de la ley o de alguna de las enmiendas. La división principal es sobre el incumplimiento de la ley internacional y el papel de los tribunales domésticos para reducir la inmigración irregular.

El anuncio de las deportaciones fue en abril de 2022 y en la noche del 15 de junio un avión de una empresa española esperó en balde a que embarcasen en un aeródromo militar unos 30 inmigrantes en el primer vuelo a Kigali. Miembros del Tribunal de Estrasburgo, que vela por el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos, dieron órdenes provisionales contra las deportaciones.

Al fiasco le siguió una saga judicial en los tribunales británicos, que finalmente selló el Supremo en noviembre, rechazando el plan de deportación por varios motivos. Especialmente por la existencia de un riesgo de que las autoridades del país africano incumplan el principio común de las leyes internacionales que prohíben que el país de acogida devuelva a su país de origen a un solicitante de asilo.

Con inestabilidad en el Ejecutivo de Londres, por la persistencia de la ministra Suella Braverman en apartarse de la autoridad del Tribunal de Estrasburgo y limitar el acceso a las cortes domésticas, Sunak despidió a la ministra, envió a Kigali a su sucesor, James Cleverly, para firmar un Tratado con Biruta, y presentó el borrador de la ley que se ha debatido estos días y que da cuerpo al tratado.

Braverman defendió ayer una de las enmiendas de los rebeldes subrayando que ella está de acuerdo con todos los derechos que defiende el texto original de la Convención Europea de Derechos Humanos, en cuya creación tuvo un notable papel el Reino Unido. Su queja es la extensión de su competencia por los miembros del Tribunal de Estrasburgo.

Cuestión de soberanía

Braverman lo calificó de tribunal extranjero. Tras los reproches de la oposición, el conservador David Simmonds se dirigió a Braverman para decirle que «a menudo soberanía compartida es mayor soberanía». Según él, típico 'tory' de la facción 'Una Nación', participar en las convenciones internacionales fortalece al país, que se adhiere, por ejemplo, al Derecho del Mar convenido por la ONU y regido por un Tribunal en Hamburgo.

La división ideológica conservadora persiste, pero las enmiendas de los rebeldes fueron derrotadas por la suma de los votos de los bancos de la oposición. Los Lores tendrán que analizar ahora la ley de Sunak, y posiblemente retrasarán el proceso con más enmiendas. La aprobación de la ley parece sin embargo definitiva.