Trump llega a las presidenciales sin ninguna condena al lograr retrasar todos los procesos

A fuerza de recursos y tácticas dilatorias lanzadas por su ejército de abogados, y gracias a victorias provisionales, sobre todo en la Corte Suprema, sólo ha sido declarado culpable en el caso menos grave, el de una ocultación contable en Nueva York tras el pago a Stormy Daniels por su silencio sobre las relaciones extramatrimoniales que mantuvieron en el pasado. La última buena noticia en ese proceso le llegó el viernes, cuando se aplazó su sentencia hasta el 26 de noviembre. Es decir, tras los comicios en los que enfrentará a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump fue inicialmente procesado por la justicia federal por supuestos intentos de anular ilegalmente los resultados de la cita con las urnas de 2020, que terminó ganando Joe Biden. El fiscal especial Jack Smith lo acusa de «conspiración contra las instituciones» y de «interferir en el derecho al voto» de los norteamericanos. Si bien el expresidente republicano (2017-2021) no está directamente señalado del asalto que sus partidarios hicieron al Capitolio el 6 de enero de 2021, el fiscal le atribuye haber azuzado «la violencia y el caos».

El inicio del juicio estaba previsto para el 4 de marzo en Washington y el acusado se enfrentaba a penas de hasta diez años de cárcel. Pero el proceso estuvo congelado hasta que la Corte Suprema dictaminó que un expresidente goza de amplia inmunidad procesal cuando se trata de actos oficiales.

El fiscal Smith tuvo entonces que revisar su acusación y discutir el calendario de las etapas siguientes con la defensa del republicano. Finalmente, la jueza del caso, Tanya Chutkan, reconoció la pasada semana que por el momento no podía fijar una nueva fecha para el juicio en un futuro próximo.

Trump también se enfrenta a la justicia del estado de Georgia por supuestas presiones electorales en 2020, incluida una llamada telefónica en la que pidió a un funcionario local que le encontrara 11.000 votos perdidos. Como acusado, el republicano se vio obligado a comparecer en una prisión de Atlanta para hacerse una fotografía policial, una humillante novedad para un expresidente.

Pero el avance de la acusación sufrió un duro revés cuando se reveló que la fiscal local, Fani Willis, mantenía una relación íntima con un investigador que había contratado, Nathan Wade. A la petición de sobreseimiento del caso por parte de los abogados de Trump se sumaron las consecuencias de la sentencia favorable de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. En esa línea, la apertura del juicio, prevista para el 5 de agosto, se ha aplazado sin fecha.

En otro caso federal, también investigado por el fiscal Smith, Trump está señalado de haberse llevado cuando dejó la Casa Blanca documentos secretos de alto valor a su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Asimismo se sospecha que intentó destruir pruebas. Los cargos más graves conllevan una pena de diez años de prisión.

El juicio debía comenzar el 20 de mayo. Sin embargo, la jueza Aileen Cannon anuló el caso en julio alegando que, en su opinión, el nombramiento del fiscal era ilegal. Smith recurrió luego a un tribunal federal de apelaciones para reactivar su acusación. La pelota está ahora en manos de otros magistrados y la batalla procesal se prolongará durante meses.

La única causa penal que llegó a la sala de sesiones fue derivada con su relación con Stormy Daniels. Se celebró de abril a mayo en Nueva York. Trump fue declarado culpable por un jurado de haber falsificado registros contables para encubrir pagos por el silencio de la exestrella pornográfica sobre una supuesta aventura amorosa entre ambos para evitar un escándalo en vísperas de las elecciones de 2016.

El multimillonario denuncia que el caso tiene motivaciones políticas y calificó el juicio como «amañado». Enfrentado a hasta cuatro años de prisión, Trump debería haber sido condenado en septiembre. Pero este viernes el caso dio un giro inesperado: el juez, asegurando que actuaba «en interés de la justicia», aplazó el anuncio de la sentencia hasta tres semanas después de las elecciones del 5 de noviembre.