Kamala Harris, la candidata a presidenta de EE UU que lidió con asesinos, narcos y estafadores

Durante su mandato como fiscal general del Estado de California, la vicepresidenta procesó todo tipo de delitos, desde asesinatos y fraudes bancarios hasta actividades mafiosas transnacionales como el contrabando y el narcotráfico. Porque antes de convertirse en senadora y, hace cuatro años, vicepresidenta a las órdenes de Joe Biden, Kamala Harris fue el brazo de la ley. Ejerció de fiscal de tribunal, de distrito en San Francisco y, finalmente, general. «Me enfrenté a perpetradores de todo tipo», ha recordado la candidata demócrata. «Depredadores que abusaban de las mujeres, estafadores que engañaban a los consumidores, tramposos de todo tipo».

Posiblemente, uno de los logros más destacados en su historial fue una condena de 1.100 millones de dólares contra Corinthian Colleges, una de las universidades privadas más grandes del país, por engañar y endeudar en préstamos a los estudiantes. Harris acusó a la institución de realizar publicidad y contrataciones engañosas, además de tergiversar las tasas de colocación en el mercado laboral con el fin de convencer a los alumnos de que encontrarían un empleo sin problemas sólo con el título de Corinthian. Como resultado de la pena, el Gobierno de Estados Unidos realizó en 2022 la mayor cancelación de créditos personales individuales, que alcanzó a 560.000 jóvenes por un valor de 5.800 millones de dólares.

Cabe señalar que Trump también dirigió su propia universidad con fines de lucro y fue acusada de estafar a los estudiantes con la promesa de enseñarles los «secretos del éxito» de la industria inmobiliaria. El republicano llegó en 2017 a un acuerdo de indemnización de 25 millones de dólares fuera de los tribunales y del ojo público.

El fraude irrita a Harris. Ella persiguió a algunos de los grandes bancos de Wall Street y suele meterse con su rival electoral por este motivo. El magnate ha sido declarado recientemente culpable de 34 delitos de este tipo. «Así que en esta campaña, y lo digo con toda seriedad, compararé con orgullo mi historial con el suyo en cualquier momento», repitió la exfiscal hace unos días durante una recaudación de fondos. En círculos demócratas se cree que su aspirante utilizará su bagaje en la lucha contra los estafadores para acorralar a su contrincante en el cara a cara televisado programado para septiembre. «Dispone de elementos y de una experiencia de la que Biden carecía para enfrentarse a las mentiras y el carácter agresivo de Trump en los debates», afirman en su entorno.

En 2011, la candidata fundó una suerte de unidad contra el fraude hipotecario, un grupo de expertos dedicado a investigar las múltiples irregularidades en la concesión de créditos -desde firmas automáticas a cláusulas abusivas o cálculos irregulares de cuotas- y proteger a los propietarios de las ejecuciones hipotecarias «agresivas». En 2012 logró un acuerdo de 18.400 millones de dólares por la mala conducta bancaria. Solo tres grandes corporaciones tuvieron que abonar elevadas indemnizaciones: Ocwen Financial Corporation, que pagó 268 millones, HSBC (470) y SunTrust Banks (550).

Los analistas estadounidenses coincide en general en que a la aspirante demócrata no le asustan las grandes corporaciones y que su prolongado buceo en las profundidades de los delitos económicos le otorgan «credibilidad» y «conocimiento» contra los bulos del magnate republicano. Lo mismo sucede en otras lacras que inquietan sobremanera al país: el narcotráfico, al alza por el efecto de la letal crisis del fentalino, y el tráfico de personas. La candidata trabajó durante años contra ambos y contra las organizaciones criminales que se dedican a ello y al lavado de dinero negro entre el sur de Estados Unidos y el norte de México, como el cártel de Tijuana, la mafia mexicana y las bandas de los Norteños, Crips, Nuestra Familia y Vagos MC.

«Eso le aporta credibilidad frente a la clásica demagogia trumpista. Trump habla, pero Harris da datos. Trump lanza el mensaje fácil que une inseguridad y migración. Harris puede hablar realmente de la gran delincuencia transnacional», señalaba un reportaje cuando la vicepresidenta fue nominada sustituta de Joe Biden el mes pasado. «Los profesionales de la salud pública saben que el uso más beneficioso de los recursos es prevenir un brote, no tratarlo. En lugar de reaccionar ante un delito cada vez que se comete, tenemos que dar un paso atrás y descubrir cómo interrumpir las rutas de infección», escribió la exfiscal en un discurso más complejo que el mensaje simplista del magnate en la lucha contra la delincuencia.

Con Trump le enfrentan además las 26 acusaciones que han formulado contra él un grupo de mujeres por abuso y conducta inapropiada. Una de sus cruzadas judiciales han sido los ataques sexuales. Cuando Kamala Harris accedió a la Fiscalía, lo primero que dijo a su equipo en la lucha contra el tráfico de personas fue: «No sé qué significa el término 'prostituta adolescente'. Nunca he conocido a una 'prostituta adolescente'. He conocido a niños explotados».

Pero no todo son parabienes en su carrera fiscal. En 2016, cuando presentó su candidatura al Senado, un editorial de 'Los Angeles Times' publicó que Harris «ha sido demasiado cautelosa y no ha estado dispuesta a adoptar una posición sobre temas controvertidos». Pero lo cierto es que su historial como reformista pragmática, pero dura con los delitos violentos, incluye algunos posicionamientos que han sido criticados tanto por la izquierda del partido como por la derecha.

Mientras su oposición a la pena de muerte, los programas de reinserción de presos y medidas de control de armas han sido ampliamente aplaudidas, otras iniciativas han irritado a los progresistas. Entre ellas, el enjuiciamiento penal de los padres de estudiantes que faltaban de manera crónica a las escuelas públicas de Primaria, que fue calificado de racista por no tener en cuenta las condiciones de pobreza de muchas familias.

El asesinato de un agente a manos de un pandillero generó una campaña de enorme presión pública para aplicar la pena de muerte, pero la entonces fiscal de distrito de San Francisco se mantuvo firme, logrando una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. La decisión fracturó permanentemente la relación de Harris con la Policía de la ciudad y otros sectores políticos y sociales, cuyo apoyo la candidata tuvo que recuperar para su reelección para fiscal general. De hecho, ya en este cargo, impugnó un fallo de un tribunal federal que habría puesto fin a la pena de muerte en el Estado, lo que frustró a los activistas contra la pena capital a cambio de ganarse el apoyo, paradójicamente, de los más conservadores entre los demócratas.