Un juez paraliza la deportación de los inmigrantes acogidos en EE UU por razones humanitarias

El presidente de EE UU, Donald Trump, durante una campaña en Tennessee./AFP
El presidente de EE UU, Donald Trump, durante una campaña en Tennessee. / AFP

Más de 5.000 nicaragüenses se enfrentan ahora a llevar a sus familias a un país del que huyen diariamente entre 200 y 500 ciudadanos

MERCEDES GALLEGOCorresponsal en Nueva York (EE UU)

La cruzada de una adolescente de 14 años que se enfrenta al dilema de perder a sus padres o ser deportada a un país que no conoce encontró eco el jueves en las deliberaciones del juez californiano Edward Chen. La orden cautelar que emitió el miércoles para impedir la deportación de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) ofrece paz a casi 350.000 inmigrantes y sus hijos, aunque vuelva a ser de forma temporal.

Los afectados llegaron de países como Sudán, Honduras, El Salvador y Nicaragua, tan azotados por guerras y desastres naturales que no ofrecían condiciones de vida para volver. Con el paso de los años, gobierno tras gobierno renovó este tratado hasta que llegó Donald Trump. En noviembre pasado la secretaria de Seguridad Doméstica en funciones Elaine Duke firmó el fin del programa y dio a los afectados entre 12 y 18 meses para que abandonasen el país.

En los meses siguientes el gobierno de Trump ha trabajado con los gobiernos de los países afectados para gestionar la pronta deportación de estos inmigrantes ya establecidos, que en muchos casos llevan casi dos décadas en EE UU, han montado negocios, pedido créditos y visto nacer a sus hijos. El caso más irónico es el de Nicaragua, en el que públicamente se critica al régimen de Daniel Ortega por perseguir, asesinar y encarcelar a los ciudadanos que piden su salida, pero se trabaja con su gobierno para gestionar las deportaciones. Más de 5.000 nicaragüenses se enfrentan ahora a llevar a sus familias a un país del que huyen diariamente entre 200 y 500 ciudadanos.

Todavía son más los 260.000 salvadoreños y casi 60.000 haitianos que también tendrán que dejar su vida en EE UU para volver al miedo y la miseria que creían haber superado. La orden cautelar ha sido celebrada por todas las fuerzas progresistas de EE UU, pero sólo compra tiempo para que se solucione definitivamente su situación con una reforma migratoria que dependerá en gran parte de las elecciones legislativas de noviembre.

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