Kabul prohíbe que los nuevos edificios tengan ventanas abiertas a habitaciones en las que residan mujeres

El régimen islámico pone así un techo muy alto a su progresivo endurecimiento de las restricciones en relación al sexo femenino; imposiciones desaparecidas hace años pero recuperadas a partir de que el ejército de Estados Unidos abandonase el país en el verano de 2021 y los talibanes regresaran a los centros del poder.

Cualquier arquitecto, constructor o ciudadano que quiera levantar un inmueble residencial lo tiene difícil en el nuevo Afganistán. La ley no explica, por ejemplo, cómo averiguar si en los domicilios del entorno viven mujeres y por qué dependencias de sus casas transitan. Las posibilidades de edificar en un espacio aislado son escasas en determinadas poblaciones de mediano tamaño y en las ciudades, salvo que los inmuebles eliminen directamente las ventanas para evitar problemas. O que se hagan operaciones de geometría callejera. Hamdullah Fitrat, portavoz del régimen, precisó ayer que la normativa sí permite tener ventanales si delante hay un obstáculo que prive a los inquilinos de la visión del inmueble de enfrente.

«Las ventanas que den a zonas tradicionalmente utilizadas por las mujeres de los hogares vecinos estarán diseñadas de tal manera que queden bloqueadas por paredes u otros medios», precisó el portavoz. La preocupación hacia la invisibilidad femenina desde la perspectiva arquitectónica no es nueva. Hace meses, Amnistía Internacional denunció cómo «los espacios privados, entre ellos los hogares, se han vuelto campos de vigilancia y sometimiento», con la aplicación de sendas normas coercitivas: una prohíbe a las mujeres asomarse a los balcones y otra insta a pintar las ventanas «para evitar que cualquier extraño pueda verlas». La última imposición va un paso más lejos.

La severidad de las restricciones ha ido en aumento en los últimos tres años después de una etapa inicial en la que los propios talibanes anunciaron su disposición a ser más flexibles durante los meses posteriores a la reocupación. La clausura de los salones de belleza fue el primer síntoma de descarrilamiento.

El Ejecutivo ha establecido vetos a la enseñanza secundaria para las niñas o el acceso generalizado de las féminas al mercado laboral. Afrontan un creciente «aislamiento social», según Amnistía Internacional, que expone el ejemplo de que únicamente un número reducido de doctoras y enfermeras están autorizadas a trabajar, y solo para atender a mujeres y niñas.

La situación está a punto de empeorar con el nuevo año, lamentan en este momento las ONG. Antes, una parte sustancial de la bolsa laboral en el país la determinaban las organizaciones humanitarias, que normalmente empleaban a un cupo de mujeres locales. Los talibanes prohibieron en 2023 mantener esta contratación.

Uno de sus argumentos era que las trabajadoras no llevaban el velo puesto. Además, el ala más rigurosa del Gobierno, que es la que detenta las principales cuotas de poder, defiende que las afganas deben quedarse en casa y no participar en la vida pública. Varias organizaciones, entre ellas la ONU, anunciaron entonces que cesarían su actividad en el país debido a la imposibilidad de efectuar las misiones humantarias «sin la colaboración de nuestras colegas afganas».

La advertencia no parece haber detenido al régimen, que en otra vuelta de tuerca ordenó directamente ayer a todas las ONG «nacionales y extranjeras» que despidan a las afganas en nómina ante la amenaza de retirar sus licencias y clausurarlas. «En caso de que no cooperen, se suspenderán todas las actividades de la parte infractora y el permiso de actividad», informó el Ministerio de Economía en un comunicado difundido en las redes sociales.