El doctorando retenido en Taiwán desde agosto ya puede regresar a España

Así lo ha trasladado la Subdelegación del Gobierno después de que el cónsul de España en Filipinas, Fernando Heredia Noguer, haya llamado a primera hora de esta mañana al subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, para comunicarle que Carrión, originario de Olula del Río (Almería), podrá volver a España.

«Este mal sueño ya ha terminado. El subdelegado se lo ha comunicado inmediatamente al padre del chico, que ya conocía la noticia porque acababa de hablar con su hijo, pero que ha recibido la llamada del subdelegado con mucha emoción», han dicho fuentes de la subdelegación.

Destacan que, además de alcanzar un acuerdo económico con la familia de la mujer fallecida en el accidente en el que estuvo implicado el joven, se ha hecho una «intensísima labor diplomática desde la Subdelegación del Gobierno en Almería y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los representantes diplomáticos españoles en Filipinas».

El doctorando, que colabora con el CSIC, salió hacia este país el 21 de junio y debería haber regresado el 22 de agosto para incorporarse a sus labores del doctorado de Geología.

Sin embargo, el 7 de agosto se vio involucrado en un accidente de tráfico en la ciudad de Tainan, a la que se había trasladado de visita con unos amigos y en la que éstos alquilaron unas motos.

Según el relato de Carrión, cuando conducía este vehículo, una mujer de edad avanzada que circulaba en bicicleta «por donde no podía hacerlo» colisionó contra él cuando quiso girar a la izquierda para cruzar la avenida por la que iba el joven, «haciendo algunos movimientos extraños cruzando del carril bici al normal en un movimiento de zigzag».

La mujer cayó al suelo y se golpeó en la cabeza, ya que no llevaba casco, y falleció a los pocos días.

El doctorando fue denunciado por el hijo de la fallecida, pese a que un comité de investigación de accidentes determinó que no existía responsabilidad por parte de Carrión.

La denuncia no fue retirada aunque el seguro de la moto había abonado 60.000 euros a la familia de la fallecida, que reclamó hasta 45.000 euros más.