«Afrontaremos las políticas de China que distorsionan la economía global»

Además de la guerra en Ucrania, el otro foco del encuentro era China, como se ha visto en el comunicado final emitido por los líderes del G-7. «Buscaremos afrontar los retos que entrañan las políticas y prácticas de China ajenas al mercado, que distorsionan la economía global. Contrarrestaremos las prácticas malignas, como la transferencia ilegítima de tecnología o la revelación de datos. Fomentaremos la resistencia a la coerción económica. Reconocemos también la necesidad de proteger ciertas tecnologías avanzadas que podrían ser usadas para amenazar nuestra seguridad nacional sin limitar demasiado el comercio ni la inversión», reza el documento, que dedica buena parte de su contenido a las relaciones con Pekín.

Aunque el G-7 asegura que sus políticas «no están diseñadas para dañar a China ni buscan impedir su progreso económico y desarrollo», aboga por «reducir los riesgos de la excesiva dependencia de nuestras cadenas de suministro críticas», pero no «desacoplarse».

Con dicho fin, establecerá una Plataforma de Coordinación sobre la Coerción Económica que vigilará las inversiones en China para impedir que tecnología más avanzada pueda ser utilizada de forma militar. Entre los sectores más sensibles destacan los semiconductores, las baterías y los minerales críticos.

Junto a estas medidas económicas, el G-7 alerta sobre cuestiones políticas como los derechos humanos y las libertades en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, al tiempo que pide a Pekín que «presione a Rusia para que detenga su agresión militar y se retire de Ucrania de forma incondicional, completa e inmediata». De igual modo, advierte a China sobre la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y aboga por un «Indopacífico abierto y libre», rechazando «cualquier cambio unilateral y por la fuerza del statu quo».

Intentando competir con la influencia de Pekín en los países en vías de desarrollo gracias a su músculo económico y a iniciativas como las Nuevas Rutas de la Seda, el G-7 prometió «movilizar 600.000 millones de dólares a través de la Alianza para la Inversión Global en Infraestructuras». Entre los primeros destinatarios de estos proyectos de transportes y energía eólica figuran la India, Vietnam, Filipinas, Bangladés y Egipto. Frente al avance de regímenes autoritarios como China y Rusia en el mundo en desarrollo, el G-7 no solo propone sus valores democráticos y de libre mercado, sino también una lluvia de millones.

El Ministerio de Exteriores chino protestó contra esta declaración y acusó al G-7 de interferir en asuntos internos como Taiwán, la isla independiente «de facto» cuya soberanía reclama.