Penúltimo intento de Maduro para rescatar el oro de Londres

La dirección del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro demandó esa transferencia, que sería canalizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(UNDP) con la misión de comprar medicinas y equipamiento para combatir la epidemia de la covid-19 en el país. El Banco de Inglaterra negó la petición en enero de 2019 por no saber si era el Gobierno legítimo en Caracas.

Un juez del Tribunal Superior dio en julio la razón a la dirección alternativa del banco central venezolano, nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que días antes de que el Banco de Inglaterra rechazase la transferencia se había declarado «presidente encargado», después de que la Asamblea negase esa posición a Maduro por irregularidades en las elecciones de 2018.

El consejo de Maduro recurrió contra esa sentencia y las vistas han comenzado con una premura inusual, recomendada por la urgencia de una decisión que tiene graves repercusiones en la población de Venezuela. El juicio, presidido por tres magistrados, terminará el jueves y es probable que tras la sentencia la parte perdedora reciba la venia para recurrir al Tribunal Supremo.

El juez Nigel Teare, que falló en favor de la dirección del banco central nombrada por la oposición, se basó en una declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, en la que expresó, también en enero de 2019, el reconocimiento de Reino Unido a Guaidó como «presidente interino» a la espera de que Maduro convocase nuevas elecciones. Los tribunales, según la interpretación del magistrado, no pueden modificar esa decisión, que es prerrogativa del Gobierno.

El argumento de los abogados que representan a la dirección nombrada por Maduro afirman que Hunt otorgó a Guaidó un reconocimiento de presidente interino 'de jure', por derecho, pero el Gobierno 'de hecho' es el actual. Diplomáticos enviados a Londres para representar al actual Ejecutivo son acreditados en la Corte de Saint James. Alterar ese orden negando la transferencia sería, según los letrados, contrario al principio de no intervención en la ley internacional.