Cuba condena al exministro de Economía Alejandro Gil a cadena perpetua por «traición a la patria»

El que hace solo dos años fuera la mano derecha del presidente Miguel Díaz-Canel se enfrentaba en el Tribunal Supremo de Cuba a dos causas por cargos de gravedad, que incluyen espionaje, malversación, soborno evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de fondos. El breve juicio –las vistas orales fueron entre los días 11 y 13 de noviembre, y del 26 al 29 del mismo mes– pone fin a uno de los casos de corrupción de más alto perfil ocurrido en décadas en la isla. También termina con una enrevesada maniobra política y judicial que el régimen inició con la destitución repentina del funcionario en febrero de 2024.

La sentencia no termina de esclarecer la opacidad que rodea todo el asunto. De hecho, la población se enteró de la acusación de espionaje meses después de que el ministro fuera apartado de su cargo y detenido. Muchos cubanos han exigido transparencia y, pese a la petición de la familia y del acusado de que el juicio fuera público y televisado, este se desarrolló a puertas cerradas por «razones de seguridad nacional», según las autoridades.

En el primer proceso, Gil ha sido declarado «responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos», según el comunicado publicado por el propio Supremo. Se deduce del fallo judicial que el titular de Economía robó informes y papeles importantes a los que tenía acceso en razón de su cargo para entregárselos a un tercero. Ha sido en esta causa en la que los magistrados le han impuesto cadena perpetua, la máxima condena.

En el segundo, la corte ha considerado que el exministro cometió los delitos de «cohecho de carácter continuado (...) falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado». «Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades» de su cargo «para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos», asegura el alto tribunal, que afirma que «engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba» y puso «información oficial clasificada a disposición de los servicios del enemigo». Sin embargo, no se aportan detalles sobre los supuestos sobornos, ni sobre el resto de las personas y «firmas extranjeras» implicadas en el proceso.

Gil dirigió el Ministerio de Economía entre 2018 y 2024. Se le considera el impulsor de la reforma monetaria de Cuba y de medidas económicas que han cosechado una fuerte oposición en el país. La mayoría de ellas no ha servido para crear empleo ni mejorar los mercados o la bonanza laboral, pero sí han perpetuado la falta de expectativas y la miseria en que vive instalada la isla.

Gil, al que el Supremo ha atribuido «una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa», recibirá «una sanción conjunta y única», pero también se le aplicarán otros castigos. Le serán confiscados sus bienes, y se le prohibirá el ejercicio de funciones que impliquen administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros públicos, además de la privación de ciertos derechos. No obstante, el comunicado no detalla qué posesiones le serán decomisadas ni tampoco qué pruebas usó la Fiscalía en la acusación.

Un comunicado oficial de la Fiscalía General anunció el pasado 31 de octubre que en las investigaciones del Ministerio del Interior «se garantizó el debido proceso». El exministro ha sido declarado responsable de delitos que, según algunos especialistas, no podría haber realizado por su cuenta todos estos años. Hay entre once y una veintena de detenidos. También es cierto que los cubanos desconfían de la sentencia porque el espionaje ha sido el argumento utilizado durante décadas por el régimen para detener a cualquier disidente o persona incómoda

La hermana del condenado, María Victoria Gil Fernández, ha declarado a la prensa que habría más de una veintena de imputados, así como que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, habría sido uno de los testigos de la parte acusatoria. Aunque la hermana reconoce que el exministro pudo haber cometido delitos de índole económica, rechaza categóricamente las acusaciones de espionaje. Tanto la destitución del exministro como la imputación de los delitos, muestran la profunda crisis que atraviesa el núcleo castrista.