La realidad colombiana que da miedo

Las imputaciones han sido formuladas tras trece años de investigación en los que la JEP ha recibido ocho informes de entidades estatales y de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Otras 41 versiones de comparecientes, inspecciones judiciales y el contraste y análisis de 258 libros de documentos oficiales obtenidos en los archivos de los cuerpos militares implicados completan el caso conocido en el país como el de 'falsos positivos'.

Todo sucedió en una zona al noroeste de Colombia que si no es por la última vocal tiene un nombre casi fúnebre: Catatumbo. Hace frontera con Venezuela. Rica para la agricultura, pero sobre todo para las plantaciones de coca. Ideal para esconder a las bandas ilegales y para las guerrillas, pero también para los paramilitares y para que militares del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe campasen a sus anchas e hicieran lo que hicieron: matar civiles indefensos y decir que murieron en combate. Jóvenes entre 25 y 35 años, a los que asesinaban y vestían de guerrilleros.

La orden recibida, según el comunicado de la JEP, era «sumar bajas como diera lugar», «positivos» en el retórico argot militar. La notoriedad del fenómeno de «falsos positivos» se presenta durante la primera década de este siglo, cuando el Ejecutivo nacional instituye la política de «seguridad democrática». Se dan directrices a las Fuerzas Armadas para un incremento de las actividades contra la guerrilla en todos los frentes del país. Si bien históricamente los grupos armados habían estado fuera de las ciudades, la osadía de sus actividades había llegado a las principales urbes con detonación de bombas, secuestros y atentados de miembros del Estado y del estamento político, hasta el punto de que la misma sociedad colombiana reclamaba mayor seguridad en vías y calles.

Frente a un reto de esta magnitud, la respuesta fue dar «positivos» en la lucha contra los frentes guerrilleros. Se hicieron operaciones militares que fueron destacadas por la prensa local e internacional como éxitos militares, como el bombardeo a campamentos guerrilleros, en donde se daba de baja a destacados de la FARC como Raúl Reyes y Mono Jojoy, entre otros. También se produjo la liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt, que son presentados a la prensa como triunfos de la inteligencia militar.

Muchos ciudadanos colombianos vieron esas actividades militares con alegría por la recuperación del país en zonas donde la guerrilla tenía presencia permanente y el Ejército era expulsado de esos territorios. Luego de estas espectaculares acciones militares, y para mantener altos grados de eficacia, el Estado inició una política de incentivos a miembros de las Fuerzas Armadas. Y a partir de 2005 empezó a premiar a unidades que mostraran efectividad en la lucha armada contra la guerrilla.

Los militares llamaban «positivo» a las acciones que daban de baja o retenían a miembros de grupos insurgentes. Es así como empiezan a presentarse a civiles dados de baja en circunstancias sospechosas, viles del área rural -campesinos que eran disfrazados como guerrilleros- fueron presentados con atuendos militares. En la investigación del hecho se informa ahora que no mostraban indicios probatorios de haber sido miembros de grupos armados insurgente.

Varios de esos informes médico legales y la reclamación de familiares y grupos de organizaciones nacionales e internacionales empezaron a cuestionar esos 'positivos' presentados por los militares. La prensa nacional acuñó la frase de «falsos positivos», todo un contrasentido para definir la violación de derechos humanos que dio como resultado la investigación que demostró que muchos de esos «positivos» eran presentados para ganar felicitaciones, medallas, ascensos, planes vacacionales y hasta beneficios como bonos alimenticios.

En el panorama general, los llamados «falsos positivos» son el resultado de las alianzas de paramilitares, narcotráfico y fuerzas del Estado, que en su afán de acabar con las acciones de los grupos guerrilleros que afectaban la seguridad nacional, realizaban acciones para afectar militarmente a estos grupos. A partir de la firma de la paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos se creó la justicia transicional de paz conocida como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que establece que estas acciones son derivadas del conflicto político militar y la reparación a víctimas de ese enfrentamiento. «Los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal», sentencia la JEP. Los imputados tienen treinta días para responder a las acusaciones.

«Colombia es una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad». Palabra de Gabo.