El expresidente peruano Alan García, acusado de asociación ilícita

Una comisión del Congreso de Perú ha considerado que existen "indicios razonables" de que el expresidente Alan García y varios funcionarios de su segundo Gobierno conformaron una asociación ilícita para delinquir por su supuesta interferencia en la investigación de un caso de espionaje telefónico.

El informe de la llamada "megacomisión" que investigó las presuntas irregularidades ocurridas durante el segundo Gobierno de García (2006-2011) ha sido expuesto hoy ante el Pleno del Congreso por el legislador Sergio Tejada, quien la presidió.

El grupo de trabajo considera que García y sus exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca fueron responsables de una supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), dedicada a un espionaje telefónico que fue descubierto en 2008. Agrega que el objetivo de esas autoridades fue obstaculizar la labor de la justicia para evitar que se aclaren las denuncias de escuchas telefónicas realizadas por BTR.

"De acuerdo con el informe en mención, los involucrados habrían conformado una asociación ilícita para delinquir con el propósito de obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades ilegales de interceptación telefónica de la empresa Business Track SAC y de evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas", indica.

Señala que esos audios "mostrarían la interferencia y participación de miembros del Gobierno y Partido Aprista Peruano en los contratos de las empresas estatales en materia de hidrocarburos".

Responsabilidades

Tejada dijo que existen "indicios razonables" que permiten presumir la responsabilidad penal de Del Castillo por haber promovido la salida del país de dos responsables del espionaje telefónico que iban a colaborar con las investigaciones.

En el caso de Miguel Hidalgo, quien por entonces dirigía la Dirección Antidrogas (Dirandro), el informe lo acusa de informar directamente al Palacio de Gobierno, cuando su deber era hacerlo ante el director de la Policía y el Ministro del Interior.

También considera que García cometió una infracción constitucional por haber ascendido de manera irregular al contraalmirante Elías Ponce Feijoo, uno de los que fueron sentenciados por estar implicado en el caso.

El congresista fujimorista Carlos Tubino (FP), quien formó parte de la comisión investigadora, ha manifestado sus reservas con las conclusiones del informe en mayoría. Considera que no se puede acusar a García por el ascenso de Feijoo y dice que tampoco se debe acusar a Hidalgo por no reportar al director de la Policía, pues esa disposición no está incluida en los reglamentos policiales.

Tejada también ha sustentado ante el Congreso el informe sobre la investigación que se hizo de las denuncias de irregularidades en la reconstrucción y modernización de grandes colegios de Perú y ha considerado que García y el exministro de Educación José Antonio Chang deben ser denunciados por una presunta infracción constitucional. "El marco legal generado habría permitido actos de corrupción, la sobrevaloración de obras, el cobro menor de penalidades, entre otros", señala el informe.

Después de la sustentación de las conclusiones, se ha producido un intenso debate y una votación que los ha aprobado por mayoría, por lo que ahora serán enviados a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y al Ministerio Público (Fiscalía) para que determinen si se presentan denuncias penales.

El legislador aprista Mauricio Mulder ha rechazado la decisión del Parlamento y ha considerado que se busca "manchar" la gestión de García cuando se acercan las elecciones de 2016, tras lo cual ha dicho que confía en que las acusaciones serán desvirtuadas.