Najla Buden, primera ministra de Túnez

«El presidente, Kais Saied, encarga a Najla Buden Romdhane la formación del nuevo Gobierno lo antes posible, tras el decreto presidencial 117 sobre medidas excepcionales», ha señalado la Presidencia tunecina a través de un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter. Así, Saied ha hecho hincapié en que se trata de «un momento histórico, un honor para Túnez y un tributo a las mujeres tunecinas». «Trabajaremos con decisión firme para combatir la corrupción y luchar contra la anarquía existente en muchas instituciones», ha valorado.

Saied ha subrayado además la necesidad de lograr formar el nuevo Ejecutivo «en las próximas horas o días» para centrarse en la lucha contra las diversas crisis que atraviesa el país y satisfacer las exigencias de la población, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP. En este sentido, el presidente ha reconocido que «ya se ha perdido demasiado tiempo» y ha hecho hincapié durante el acto de nombramiento en la necesidad de «iniciar el trabajo, en línea con las disposiciones de las medidas excepcionales» que anunció en julio.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), Neila Zoghlami, ha valorado que la designación de Buden Romdhane es parte de las demandas de la organización a Saied para que pusiera a una mujer en el cargo de cara a garantizar la paridad en las instituciones. Zoghlami ha destacado sin embargo en declaraciones concedidas a la emisora tunecina Mosaique FM que el programa, las competencias y la composición del Gobierno que lidere son más importantes que el hecho de que Buden Romdhane se haya convertido en la primera ministra del país africano.

El nombramiento ha llegado más de dos meses después de que Saied ordenara la suspensión del Parlamento y cesara al primer ministro, Hichem Mechichi, en el marco de una batería de medidas extraordinarias para arrogarse todas las competencias que han desatado denuncias sobre un golpe de Estado en el país.

El presidente tunecino afirmó tras ello que su decisión era una respuesta a las movilizaciones de los días previos contra la gestión de la pandemia, la corrupción y la grave crisis económica y defendió en todo momento que se fundamenta en la Constitución.

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días. Las acciones posteriores del presidente, con varias prórrogas de estas medidas incluidas, han sido condenadas por el principal partido del país, el islamista Ennahda, que ha reclamado el fin de las medidas excepcionales.