El acomodador que incendió el Manuel de Falla

En aquellas primeras horas de tensión el trabajo se centró en controlar las llamas y evitar que se propagaran a las calderas del centro y a los edificios vecinos. El análisis de los hechos comenzó a partir del día siguiente. El ayuntamiento declaró oficialmente el incendio «catástrofe pública» y reconoció que el edificio no estaba asegurado lo que suscitó un debate político que llevó incluso a que AP hablara de presentar una moción de censura contra el alcalde.

Se evaluaron daños por valor de 150 millones de pesetas que, en los meses siguientes se elevaron a 500. Nadie acertaba a comprender qué había pasado. A los tres días de producirse el siniestro, la Oficina Municipal de Protección Civil emitió un informe en el que se afirmaba que el fuego había sido provocado. Las investigaciones se prolongaron durante los meses de agosto y septiembre e incluso se pensó en un móvil político o un atentado de ultraderecha, lo que provocó la dimisión del concejal que lanzó aquella acusación.

El 8 de septiembre de ese año, la investigación dio frutos y la policía detuvo a José Luis Provencio Alarcón, un joven de 27 años que había trabajado como portero y acomodador en el Auditorio entre septiembre de 1982 y octubre de 1985 encadenando contratos temporales hasta que fue despedido. Resentido, prendió fuego a su antiguo lugar de trabajo.

El 11 de agosto José Luis compró cinco litros de gasolina con los que llenó una lata de aceite de coche en la estación de servicio del Zaidín, entre las avenidas de Dílar y América. En una bolsa de viaje introdujo la lata y unas camisas usadas y se dirigió al Auditorio. Antes se detuvo frente al cuartel de Las Palmas donde, desde una cabina, efectuó una llamada para cerciorarse de que en el Centro Cultural estaba vacío. Conocía muy bien el edificio y no le resultó difícil acceder a la sala de conciertos. Saltó una pequeña verja junto al Mirador de Melisendra, se dirigió a la sala B, impregnó las camisas de gasolina y les prendió fuego.

José Luis era un muchacho «algo alocado», lo definieron varios excompañeros del Falla que lo conocían por el apodo de ‘Caballo loco’ quizás por su caminar desgarbado, su ciclomotor destartalado y sus «respuestas a veces fuera de tono y desairadas por los motivos más nimios», aunque nadie recordaba que mantuviera disputas «más allá de las normales en cualquier trabajo». Diez días antes de que cumpliera tres años de trabajo en el Auditorio, el octubre de 1985, el Ayuntamiento le comunicó que cesaba su vinculación laboral y, junto a tres compañeros, también despedidos en sus mismas circunstancias, demandó al consistorio ante Magistratura. Entre tanto le imputaron unas pintadas contra la concejala Mariló García Cotarelo y el Ayuntamiento, que aparecieron en los muros del centro, y también se le acusó de un intento de quemar una puerta del edificio cultural.

El 24 de junio de 1987 la Sala de la Audiencia Provincial de Granada consideró a José Luis Provencio Alarcón autor «criminalmente responsable» del incendio y lo condenó a cinco años de reclusión en un psiquiátrico, condena atenuada por una prueba pericial psiquiátrica que puso de manifiesto la compleja personalidad del procesado cuyo coeficiente intelectual se fijó en torno al 65% y una edad mental de nueve años, que actuó «afectado por un síndrome esquizofrénico, injertado en una oligofrenia Boderline de base con ideas obsesivas que dificultan las distinción entre lo bueno y lo malo». También debía indemnizar al Ayuntamiento de Granada con 345 millones de pesetas, cantidad que no abonó por declararse insolvente.

En septiembre de 1987 fue trasladado al centro psiquiátrico de Font Calent en Alicante donde estuvo internado hasta el 29 de abril de 1989, fecha en la que se le trasladó a la prisión provincial de Badajoz de donde salió en libertad provisional en noviembre de ese mismo año, la última noticia sobre el resentido trabajador del Manuel de Falla que devuelve la hemeroteca de este periódico.