La limitación del urbanismo especulativo

Polémicas urbanísticas

Las más recientes y enconadas fueron las relativas a la construcción del nuevo aparcamiento del conjunto monumental según el proyecto de Peter Nigst, Eric Hubmann y Andreas Vaas, que ganó el concurso internacional convocado en 1989; la construcción del pabellón de acceso al Generalife, de Luciano Rodrigo Marhuenda, de 1997; la construcción del edificio para restaurante en el Rey Chico, del arquitecto granadino Rafael Soler Márquez, en 1996; la idea de construir un enlace mecánico para unir la Alhambra con la ciudad, en 1999, reavivada en 2011; y la más reciente, en 2015, con el proyecto de construcción de un espacio de recepción para visitantes y de servicios en la zona de transición entre el Generalife y los Alixares, conocido como 'Atrio de la Alhambra', proyectado por los arquitectos Alvaro Siza y Juan Domingo Santos. Otras contiendas vendrán, pero no está demás poner en claro que el origen real de muchas de ellas, que han llegado a escandalizar a la comunidad internacional por su virulencia, tuvieron su génesis en el período comprendido entre 1937 y 1977, cuando Francisco Prieto-Moreno Pardo desempeñó el cargo de conservador de la Alhambra. Así lo desvelan, con no poca sorpresa, los planos y memorias recogidas en el Archivo del Patronato.

Actuaciones

Hubo actuaciones inauditas. Entre ellas destacaron la fallida reconstrucción entre 1965 y 1966 del antiguo castillo de Santa Elena, en la Silla del Moro, con destino a restaurante; la construcción de un depósito de agua junto a Dar-al-Husa, también inacabado; el proyecto de un gran teatro junto a los albercones del Generalife que por fortuna no se acometió; la concesión de permiso para la construcción de un hotel de lujo en los Mártires; el derribo del antiguo carmen del Tejar y más especialmente, la ejecución de los Nuevos Museos en la Huerta de Fuente Peña. Todos estos proyectos son suficientemente explicativos de un concepto de desarrollo urbanístico incomprensible para el entorno de un bien cultural de la importancia universal de la Alhambra.

Urbanización de los Alixares

La aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Granada en 1983 trajo consigo la dura polémica sobre la construcción de una urbanización de lujo en los Alixares del Generalife que proporcionaría al Ayuntamiento 262 millones de pesetas por cesiones y aportaciones. El enfrentamiento del Ayuntamiento de la ciudad, en el que era alcalde Antonio Jara, que había votado contra dicho proyecto inicialmente pero que luego lo defendió como propio, con la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Cultura, Javier Torres Vela, había votado a favor del plan siendo concejal de la ciudad, alcanzó altas cotas de tensión. La polémica se extendió entre 1984 y 1985 durante más de un año e implicó horizontalmente a varios departamentos autonómicos, no sólo a Cultura, sino también al de Ordenación del Territorio, cuyo titular era Jaime Montaner, y a la propia presidencia, ocupada por José Rodríguez de la Borbolla.

Destacables e históricas fueron las declaraciones realizadas por Torres Vela que establecerían un antes y un después en la forma de acometer el desarrollo en el entorno de protección de los bienes culturales, poniendo punto y final a un desarrollismo sometido a los intereses económicos y especulativos antes que a la razón: «Solamente con la duda de que el proyecto de urbanización de 'Los Alijares' pueda afectar de alguna forma a la Alhambra, está justificada la decisión del Consejo de Gobierno de paralizarlo; y esa duda existe». Con esta tajante declaración, el consejero de Cultura resumía los motivos que llevaron al Ejecutivo andaluz a paralizar el proyecto que contaba con la aprobación del Ayuntamiento de Granada, de la comisión del Patrimonio Histórico-Artístico y del mismísimo Patronato de la Alhambra. Fue a estos dos entes aún anclados en el régimen a los que se les enmendaría la plana. Después vendría el reconocimiento de errores pasados, al manifestar el consejero que «creía que se había equivocado cuando siendo concejal votó a favor de la aprobación inicial».

La solución a esta polémica la daría la Junta de Andalucía con la compra de los Alixares por 922 millones de pesetas (se pagó el metro cuadrado a más del doble de su valor) con los que se indemnizó a la promotora y con la promesa de que no se permitiría ninguna actuación puntual más en la Alhambra y su entorno hasta que no se aprobase su Plan Especial, con el que se vino a poner punto y final a la forma de entender el urbanismo desarrollista proveniente de una época que finalizaba.

Fue Prieto-Moreno quien más decidida y decisivamente acometió el diseño de la expansión exterior del conjunto monumental en la zona de la Huerta de Fuente Peña, por el cerro del Sol y en las estribaciones de los Alixares. Las intervenciones por él practicadas no fueron precisamente acertadas. No digamos ya en aquellos casos en los que fueron permitidas actuaciones puntuales, inexplicables y realmente lesivas para la Alhambra, como la construcción de los edificios de los hoteles Alixares y Guadalupe en las década de los sesenta y setenta del pasado siglo. Actuaciones que provocaron, y siguen causando, un notable impacto y demérito, que fueron posibles solo por la inexistencia de un planeamiento urbanístico sujeto a la Ley del Suelo de 1956 y a una permisibilidad inexplicable.