El Granada sigue investigado por fraude fiscal y blanqueo por la Líbero

En un auto dictado el pasado 7 de noviembre, el juzgado acordaba continuar con las actuaciones «por los cauces del procedimiento abreviado». El abogado designado por el Granada, ejerciendo de representante legal, ahora bajo otros dirigentes distintos a los de aquella época, interpuso recurso de reforma. Alega «la legalidad de la operación llevada a cabo con la finalidad de eludir tributación de la entidad recurrente; la inexistencia de una estrategia criminal relativa a los hechos objeto de las presentes actuaciones; y se alude a los indicios necesarios para dictar un auto de procesamiento y a la posible duplicidad de que recaiga una responsabilidad a título personal y otra como responsable de una persona jurídica sobre la misma persona».

Estas alegaciones no son aceptadas porque el auto «no analiza la operación negocial que narra, sino las consecuencias tributaria de las operaciones mercantiles anteriores consistentes», en las que supuestamente el Granada no habría afrontado sus obligaciones tributarias en los citados ejercicios.

El juzgado justifica, dentro de la «extensa investigación» que desencadenó la Líbero, que todo se basa «en datos objetivamente contrastados que permiten deducir una serie de operaciones mercantiles que han tenido como resultado un delito», añadiendo que han tenido en cuenta «una serie de documentación apta muy suficiente para considerarla indicios». Explica, sin embargo, que el auto no entra en cuestiones jurídicas «tales como la culpabilidad de los investigados que solo pueden llevarse a cabo tras las celebración de las correspondientes pruebas en el plenario». Esto es, el juicio pendiente con todos los acusados.

Por esto motivo el juez no anticipa «la eventual responsabilidad legal de la entidad», en el sentido si debe ser considera «como autor o como responsable civil subsidiario ni tampoco, como también se cuestiona, si debe recaer en una misma persona física la posible responsabilidad penal a título individual, y además, como gesto de la entidad recurrente», en clara alusión a los anteriores mandatarios del Granada.

El auto, resume, «consiste en determinar las personas que han participado en un hecho que reúne caracteres de delito, sin analizar las eventuales responsabilidades penales». Al no verse desvirtuada los hechos atribuidos, cierra desestimando la alegación, contra la que no cabe recursos.

Esta situación colea desde la venta del Granada CF SAD a la actual propiedad china. Representantes del equipo ya tuvieron que declarar sobre ello y siguen a la espera de que los hechos sean juzgados para conocer posibles perjuicios económicos para sus arcas. El foco está puesto en Pina y Pozzo, pero puede afectar a las arcas actuales si se constatan los delitos reflejados.

El caso Líbero nace de una operación policial que sale a la palestra en enero de 2018 tras tras dos años de investigación, en la que entre otras cosas se detuvo a Quique Pina por presunto blanqueo de capitales en transacciones de derechos deportivos de futbolistas del Granada y por encabezar una presunta red de sociedades que podría haber defraudado importantes cantidades de dinero.

A posteriori, la Líbero se dividió en diversas piezas. En lo que respecta al patrimonio personal de Pina, el juez De la Mata decretó hace varias semanas el desbloqueo de sus sociedades al no apreciar delito de blanqueo de capitales respecto a las mismas. Sin embargo, los representantes del murciano sí pactaron nueve meses de prisión (sin ingresar en ella) por crear una red para eludir pagar a Hacienda con las mismas, además del pago de una multa. La maniobra liberó al Granada de una posible responsabilidad subsidiaria por estas deudas personales.

En la sentencia se expuso que Quique Pina creó una trama para evitar abonar 3,2 millones a Hacienda como responsable del Ciudad de Murcia. Añade, además, que ideó una «mecánica compleja y perfectamente planificada» para no disponer de patrimonio a través de dos sociedad interpuestas (Quique Sport y Calambur Intermediaciones), en el que aparecía su hermana, Elena Pina, como administradora.

La Audiencia Nacional consideró probado que el expresidente del Granada recibió a través de Calambur «retribuciones en metálico o especie» como directivo del Granada y posteriormente del Cádiz, además de como intermediario de jugadores.

Dicha sociedad, por ejemplo, adquirió un yate valorado en medio millón de euros ('El Duende') que se compró a través de dos transferencias que se emitieron desde una cuenta del club rojiblanco, cuyo «único autorizado» era Quique Pina. Detalla la sentencia además que el Granada costeó los salarios del capitán y del marinero del navío. La otra sociedad, Quique Sport, contaba con diez inmuebles registrados, entre los que se incluía, por ejemplo, la vivienda que él tenía en Molina de Segura (Murcia). Las empresas también le sirvieron para el disfrute de vehículos de alta gama (Porsche, Aston Martin…). Entre las maniobras realizadas para eludir a Hacienda destaca, por ejemplo, la venta de la casa de los padres del Pina por 160.000 euros, a pesar de que estaba valorada por 80.000 euros más, a Jorge Cordero, empleado en el Granada y hermano de Juan Carlos Cordero, que además de director deportivo del club nazarí era persona de confianza del expresidente en el Granada.

Como consecuencia de esta causa, Pina también depositó en el juzgado 2,9 millones de euros, con los que la deuda reclamada por Hacienda quedó saldada. Sin embargo, el expresidente del Granada mantiene abierto un Contencioso en el que sostiene que gran parte de esa cantidad no se corresponde con sus movimientos a título individual sino con una deuda no fue abonada por Carlos Marsá, entonces presidente del Granada 74 -denominación con el que se renombró a la entidad murciana tras su compra-, y que fue tras la insolvencia de Marsá cuando se acudió a Pina para que hiciera frente a dicho pago.