El zasca en Diputación: la diputada 'Blanco y en botella'

Un Villegas atónito –eufemismo para describir el estado de ánimo que delataba su gesto– se dirigió al presidente de la Diputación mientras hacía ligeros aspavientos con las manos: «¿Cree usted que es digna la respuesta que me acaba de dar? Todos debemos respetarnos. Estoy haciendo una pregunta sobre un municipio que necesita la asistencia técnica de esta Diputación. No puede ser la respuesta 'blanco y en botella'. Diga por qué base jurídica y normativa de esta casa se le deniega a Pulianas la asistencia», elevó la voz con tono enérgico. «¡La base jurídica! –remachó–. Para que la sepamos y no tengamos la sospecha de que se debe a una vendetta política por ser [el alcalde de Pulianas] de otro partido. Blanco y en botella», devolvió el desplante indignado.

«Ahora le explicaré lo de blanco y en botella», retomó la palabra con parsimonia Eduardo Martos. El diputado empezó a leer un escrito donde se justificaba que, para no «bloquear» la asistencia de otros municipios más pequeños y con menos medios, se le informaba al alcalde de Pulianas de que solo se atenderían «peticiones relacionadas con calificación ambiental» y se devolverían el resto de expedientes.

La comunicación estaba fechada el 28 de abril de 2021, cuando la Diputación la gobernaba el PSOE y Villegas era vicepresidente. Y la firmaba María Ángeles Blanco: «Blanco y en botella. Fue su diputada la que denegó la asistencia al Ayuntamiento», se relamió Martos. Que para rematar detalló la justificación jurídica: «Nos basamos en el artículo 36.1. b de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local».

Y ya no hubo turno de contrarréplica. A Fernando VII le pusieron carambolas más complicadas.

Hace un mes que Granada albergó la cumbre de medio centenar de líderes europeos. Políticos y empresarios andan enfrascados por ver cómo rentabilizar esta cita histórica; sin percatarse de que lo primero es renunciar a sacar beneficio propio. La Cámara de Comercio organiza mañana lunes unas jornadas –aparentemente– con este objetivo, pero el planteamiento es parcial y faltan voces representativas. No se entiende un foro de este calibre sin la alcaldesa de Granada, el director de la Alhambra o un representante del Gobierno. Al margen de otros actores que ni siquiera han sido invitados.

Los empresarios harán este lunes una propuesta concreta: la agencia global para buscar proyectos. Una iniciativa que, teóricamente, ya se pactó con las instituciones hace año y medio pero que no acaba de ponerse en marcha. Para buscar un respaldo global y una aceptación generalizada hay que ser ponderados en las convocatorias; o se corre el riesgo de que alguien interprete que se trata de la promoción personal de algún interesado. Y no conviene.

El martes, el director del Palacio de Congresos, Francisco Barranco, y la alcaldesa, Marifrán Carazo, presentaron el estudio cobre la cumbre europea: 506 millones de euros de impacto publicitario.

Las instituciones granadinas estarán esta próxima semana en Londres en la World Travel Market, una de las principales ferias internacionales de turismo. Habría sido una buena oportunidad para promocionar la cumbre y Granada como ciudad de congresos. Pero preguntado al respecto alguien que está en la organización –aunque no sea el responsable–, la respuesta es que nadie ha reparado en eso.

En esto hay que estar, y no en foros para hacer malabares con palabras sin aterrizar nunca en los hechos. Se puede morir de impacto lo mismo que de éxito.

Los presupuestos de la Junta contemplan una partida de 20 millones para la Ciudad de la Justicia de Granada. La ubicación será el Cubo de Caixabank, con la posibilidad de ampliar los juzgados en la parcela que en su día se destinó al Palacio de la Ópera, que se quedó en una maqueta. El actual consejero de Justicia ha conseguido cerrar lo que intentaron algunos de sus antecesores. Ese mérito es suyo.

El mismo día que se aprobaron las cuentas en el Consejo de Gobierno, el consejero José Antonio Nieto visitó el primer edificio de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, en el complejo de Palmas Altas, antigua sede de la multinacional Abengoa. También allí habrá una ampliación por solares contiguos y la inversión total superará los 200 millones. El consejero avanzó que las instalaciones sevillanas serán «la segunda Ciudad de la Justicia más grande de España cuando esté terminada y la más moderna». Quizás el día que se quería vender que se saldaba una deuda histórica con Granada –capital de la Justicia de Andalucía– no era el día más oportuno para ese elogio. El jueves lo compensó en el Parlamento. Hay que acostumbrarse a que lo que se dice en Sevilla también se oye en otras provincias.