La vuelta a Italia de los hijos de Juana Rivas ha sido «satisfactoria», según la defensa de Arcuri

La denuncia –la duodécima desde 2016, según la defensa de Arcuri– tuvo un corto recorrido. El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, donde aterrizó el asuntó, incoó unas diligencias previas que cerró de inmediato por entender que era la justicia italiana la competente para conocer los supuestos maltratos que según Juana Rivas habrían recibido sus hijos en el país transalpino, en la pequeña isla de San Pietro, al sur de Cerdeña, donde residen con su padre.

Tampoco aceptó el juzgado de Granada -con el respaldo posterior de la sala de vacaciones de la Audiencia- adoptar ningún tipo de medida de protección para los menores, cuya vuelta a Italia ha sido «satisfactoria», según el abogado en España de su padre, Enrique Zambrano. Este garantizó ayer a IDEAL que los menores están «tranquilos» con su progenitor, quien tiene la custodia exclusiva de ambos por decisión del tribunal de Cagliari.

Ahora, el equipo de abogados de Arcuri aguarda la resolución que adopte la justicia italiana sobre la petición que, el pasado 15 de mayo, hicieron los propios Servicios Sociales de Carloforte para que se suspendiera el régimen de visitas de Juana a sus hijos y estas se hicieran de forma tutelada. La razón es, según la defensa de Arcuri, que los profesionales que ven periódicamente a los críos –están con ellos todos los martes y jueves de cada semana desde septiembre de 2017–, han ido detectando «un incremento paulatino de las presiones maternas a los menores, que afectan a su estado general». Zambrano, que asegura que la granadina «no está pagando la pensión de 300 euros» que debe pasar a Arcuri para la manutención de los niños, cree que los últimos acontecimientos no beneficiarán a esta.

«No tenía ninguna duda de que los niños iban a tomar el avión el día 15», añadió tajante Enrique Zambrano, para considerar que lo que ha hecho la madre de Maracena es «repetir pautas» y tener un comportamiento «muy previsible». El letrado calcula que el Supremo resolverá el recurso –ya admitido a trámite– de Juana Rivas a finales de este año o principios del próximo, y opina que la nueva denuncia de la granadina ha sido formulada de cara a pedir un eventual indulto si se mantiene la pena.

Por su parte, el abogado en España de Juana Rivas, Carlos Aránguez, confía en que la resolución del recurso se produzca «para febrero» y que los magistrados del TS revoquen el castigo impuesto a su cliente o al menos «moderen» la pena. El castigo fue tan elevado porque fue considerada autora de dos –y no de uno– delitos de sustracción de menores por el secuestro parental de ambos aprovechando que vinieron a España en el verano de 2016 para pasar las vacaciones. Aránguez admitió ayer que, «por motivos técnicos», es «bastante difícil» que se estime totalmente el recurso, aunque «no imposible». En cualquier caso confía en que por lo menos se acepten sus alegaciones «parcialmente» y se aprecie uno y no dos ilícitos.

La granadina, cuya familia vive en Maracena, se trajo a los niños a nuestro país huyendo –según la primera denuncia que puso en España y que fue en su momento remitida a Italia y archivada– de una supuesta situación de violencia de género mientras la pareja convivía en Carloforte y que hasta la fecha ha sido descartada. Como es sabido, permaneció desaparecida con los niños un mes, durante el verano de 2017, para evitar entregárselos al padre. En Italia hay en trámite actualmente, según el abogado de Arcuri, «otras cuatro denuncias» posteriores y también está pendiente de resolución el recurso presentado en Italia por Rivas contra el archivo de las denuncias anteriores que fueron acumuladas.

En las tres últimas semanas Juana Rivas ha implorado protección para sus hijos. «Me condenaron por proteger a mis hijos en lugar de confiarlos a la justicia, pero ahora, cada vez que denuncio, en lugar de investigar me dicen que estoy judicializando mi vida», manifestó en unas declaraciones escritas remitidas el 8 de agosto a IDEAL. Los dos menores, según la granadina, presentaban problemas para dormir cuando regresaron a España para pasar unos días con ella debido a las «pesadillas» que tenían por «todo lo que les había pasado en los últimos días».

La denuncia que la madre de Maracena formuló en España era por posibles delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas sobre los niños por episodios supuestamente ocurridos entre el 14 de mayo y el 6 de junio. La mujer aportó además unos informes médicos para tratar de acreditar sus acusaciones. En esos documentos, según un comunicado que se remitió también a la prensa, los servicios de Pediatría y Salud Mental españoles detectaban «indicios de maltrato». Sin embargo, según el abogado de Arcuri, todos los informes emitidos hasta ahora «rechazan cualquier atisbo de maltrato».

Mientras los niños estaban aquí, Rivas llegó a pedir incluso, ante la «grave situación» que según ella estaban atravesando sus hijos, que los servicios de protección de menores de la Junta actuasen, pero su petición no ha sido atendida, como confirmó el abogado de Arcuri, para quien lo sucedido este verano en el caso Juana Rivas ha sido como un 'déjà vu'. En este punto, recordó que Juana, al informar de su nueva denuncia en España se olvidó, «de forma intencionada», que hizo una denuncia idéntica el 10 de mayo en Cagliari, «con los mismos hechos, consecuencias y solicitudes» y que, trece días después, «se descartaron las alegaciones de maltrato» del padre a sus hijos.