La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada

Arcos tenía 47 años, esposa y dos hijos –entonces tenían 22 y 25 años– que además del calvario personal que afrontaron por la muerte que rompió su familia tuvieron que iniciar otro paralelo, una lucha judicial contra el Estado para pelear por la indemnización que les negaban con el argumento de que las indemnizaciones por daños en acto de servicio van dirigidas a los agentes, no para sus familias.

Un argumento que ahora tumba una novedosa sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de la familia del agente fallecido en Granada a recibir una indemnización de 300.000 euros. La sentencia publicada el 24 de septiembre por la sala de la Audiencia Nacional, compuesta por cuatro magistrados y presidida por Alicia Sánchez Cordero, entiende que la normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos.

Es una victoria para la familia del agente Arcos, representada por el director de HispaColex Bufete Jurídico, Javier López y García de la Serrana, pero su trascendencia va mucho más allá ya es la primera vez que se aplica el principio de indemnidad para que el Estado indemnice también a la viuda y sus hijos con la cantidad fijada en la sentencia penal por el asesinato de un guardia civil en acto de servicio, lo que abre el camino para que puedan ser resarcidas también las familias de otros cinco guardia civiles fallecidos en España que están en la misma situación, por ser insolvente económicamente el responsable de sus muertes.

El primer capítulo judicial de este dramático caso se cerraba en enero de 2021, cuando la Audiencia Provincial de Granada declaraba firme la condena a 22 años y medio de prisión a Juan Antonio M. G., como autor del homicidio del agente de la Guardia Civil. El homicida era insolvente, por lo que la familia se vio obligada a reclamar al Estado que asumiera la indemnización de 335.000 euros fijada en la sentencia. Una cantidad básica y objetiva calculada en función de los baremos de tráfico, sin incluir ningún tipo de daño psicológico, a la que, sin embargo el Gobierno se negó a hacerse cargo.

El argumento que el Ministerio del Interior aportó para rechazar el pago de la indemnización, por la vía administrativa en un escrito de noviembre de 2022, es que las ayudas por daños en acto de servicio van dirigidas a los agentes. Esto es, si bien hay ayudas para reparar los daños que sufren los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones cuando el delincuente que los ha causado no puede responder, «estas no se pueden aplicar en el caso de homicidios porque la víctima ha muerto». Un argumento que indignó a la familia y al letrado Javier López y García de la Serrana que lo consideraban «contrario al derecho, al sentido común» e incluso a la humanidad. Y es que entendían que era tanto como decirle a la viuda, Raquel Pérez, que durante 26 años se recorrió todos los cuarteles de España con su marido y sus dos hijos, que no tenía nada que ver con el Cuerpo.

Lejos de rendirse, la viuda de Arcos fue «a por todas» de la mano de García de la Serrana, que en octubre 2022, presentó un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional frente a la denegación. Cuatro años después -teniendo el cuenta el año previo de lucha y recursos administrativos antes de llegar a los tribunales- ha llegado la recompensa en forma de esta sentencia que le reconoce el derecho al abono de las cantidades reclamadas.

La clave de esta victoria legal, según explica el letrado, ha sido lograr «que se extienda también a la viuda y sus hijos el principio de indemnidad, que implica que la administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas de las personas sobre las que las ejercen, cuando no haya dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente».

El Ministerio del Interior alegó exactamente, que «los daños personales y patrimoniales de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al guardia civil con la Administración». Sin embargo, ahora el letrado granadino especializado en responsabilidad civil -presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, y con más de 300 publicaciones de investigación- ha logrado que la Audiencia Nacional estime su recurso en el que argumentaba que el Derecho de Daños establece que hay que resarcir a la víctima. «Y si esta muere, el resarcimiento debe ser a sus familiares», a pesar de no tratarse de un supuesto de responsabilidad patrimonial, sino de un derecho funcionarial basado en el principio de indemnidad.

La novedosa sentencia que obliga a indemnizar a la familia del agente Arcos era muy esperada y no solo para la familia del guardia civil granadino, sino para los familiares de los otros cinco agentes que han fallecido en España desde que se fijó esta jurisprudencia del principio de indemnidad.

Se trata de los guardia civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados por el delincuente conocido como Igor El Ruso en Andorra, del teniente coronel Pedro Alfonso Casado que fue disparado en un pueblo de Valladolid por un delincuente atrincherado con un rehén y de los dos agentes fallecidos en la tragedia de Barbate, David Pérez y Miguel Ángel González, que fueron arrollados por una narcolancha.

La viuda del agente Arcos fue la primera en presentar esta reclamación al Estado y ha ido abriendo camino en la lucha por las indemnizaciones que también han reclamado las familias de otros agentes. La jurisprudencia marcada ahora por la Audiencia Nacional será por tanto determinante para los demás.