Viaja 800 kilómetros de Motril a O Porriño para comprar un coche, pero era un timo

Todo empezó en internet. Un anuncio que ofertaba un Ibiza de color rojo captó la atención de la perjudicada. Tenía dos precios: ocho mil euros «si lo entregaban en el domicilio del comprador y 7.700 euros si lo recogían personalmente», detallaba la denuncia que, tras llevarse el chasco, presentó la afectada en el cuartelillo de la Guardia Civil de O Porriño.

La vecina de Motril y el supuesto vendedor iniciaron el habitual regateo para tratar de cerrar el trato. Las negociaciones llegaron a buen puerto. «Después de mantener varias conversaciones (...) tanto telefónicas como a través de» guasap, alcanzaron un acuerdo. Se conoce que el pacto recogía la alternativa más económica, es decir, que la clienta se acercaría hasta la provincia de Pontevedra para recoger el automóvil.

Antes de desplazarse a tierras gallegas, la damnificada «realizó una transferencia por valor de 750 euros en concepto de reserva».

El día 2 de enero de 2024, la mujer viajó desde «su residencia» en Motril a O Porriño para abonar el resto del dinero y tomar posesión del Ibiza. No pudo hacer ni lo uno ni lo otro. Había sido víctima de un fraude. «Al llegar a O Porriño, acudió a la dirección que previamente le habían enviado en uno de los mensajes», pero no había nadie esperándola para finiquitar la operación.

Entonces, comenzó a telefonear al supuesto vendedor, pero él solo le dio largas y luego ya ni siquiera le contestó. «Tras varios intentos, le responde y le comenta que está con un cliente, que en breve le envía la dirección exacta, siendo esta la última conversación con él, a partir de ese momento ya no responde a sus llamadas ni mensajes», recuerda la documentación que ya está en manos de un juzgado de Motril.

La mujer se fue directa al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos y las investigaciones posteriores determinaron que el número desde que hablaba el presunto dueño del Ibiza pertenecía a un vecino de la localidad jienense de Linares. Un lío.

El caso recayó en un primer momento en un juzgado de O Porriño. Sin embargo, posteriormente se inhibió en favor de uno de Motril y el Tribunal Supremo, que es el que dirime este tipo de cuestiones, ha concluido que la investigación se lleve a cabo en la ciudad costera. «Es la localidad donde la denunciante tiene su domicilio y donde ser produjo el desplazamiento patrimonial», ha resuelto ahora la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.