Primer archivo de una denuncia de vertidos al ser competencia de la Junta la depuración

Con este sencillo pero contundente argumento ha dado carpetazo la jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, a una causa que se seguía en su juzgado contra dos alcaldes de la provincia, los de Cájar y Monachil, por supuestos vertidos de aguas residuales.

Se trata, según han destacado a IDEAL fuentes del caso, de una resolución «pionera», al tratarse del primer pronunciamiento judicial –al menos que haya trascendido– que descarta que los alcaldes tengan responsabilidad penal en materia de vertidos y la descarga en la adminsitración autonómica. Y teniendo en cuenta que en los juzgados de Granada hay actualmente tramitándose una veintena de denuncias más por delitos medioambientales de la misma naturaleza, su relevancia puede ser aún mayor.

En su resolución, dictada el 2 de agosto y notificada a las partes hace un par de semanas –el pasado 3 de septiembre– la magistrada aclara que su razonamiento emana de la propia legislación andaluza. Es en ella, en la normativa autonómica, donde se establece que «la competencia sobre la ejecución de obras hidráulicas, siempre que hayan sido declaradas de interés autonómico, recaen sobre la Administración de la Junta de Andalucía».

En este caso, el asunto llegó a la mesa de la jueza María Ángeles Jiménez en forma de denuncia de la fiscalía, que previamente había realizado una investigación a raíz de la denuncia del marido de la dueña de una casa de Cájar afectada por el vertido de aguas residuales a la Acequia Gorda de La Zubia. La vivienda de esta mujer posee por lo visto un pequeño huerto y jardín que regaba con agua de la referida acequia. «Desde hace muchos años, demasiados años, venimos soportando vertidos incontrolados a dicha acequia que la convierten en un canal de aguas residuales e infectas», señalaba aquella denuncia, que fue formulada en marzo de 2017 y a la que ha tenido acceso IDEAL.

En su auto, al que también ha accedido este diario, la jueza rechaza practicar las pruebas solicitadas por la fiscalía, al considerar que «son innecesarias» dado que quienes presiden las corporaciones locales investigadas, José Morales (Monachil) y Ana María García Roldán (Cájar), no tendrían responsabilidad penal en estos hechos.

El motivo es que la responsabilidad penal «no puede», como recalca la instructora, recaer ni en los regidores ni en los concejales de los dos ayuntamientos investigados, puesto que «no son competencia de los referidos, sino de la Junta de Andalucía, la construcción de las depuradoras para el tratamiento de las aguas fecales», aclara.

Ha sido importante para el sobreseimiento provisional de este caso la documentación aportada por el Ayuntamiento de Monachil, que ha estado representado por el abogado Pablo Luna. Los intereses del Ayuntamiento de Cájar han estado defendidos por el letrado Rafael Revelles, que también aportó documentación en defensa de su alcaldesa.

En el caso de Monachil, según revela el auto, hubo un acuerdo en abril del año pasado mediante el que se delegaron las competencias referidas al Ciclo Integral del Agua –en las que se incluía la depuración de aguas residuales– al consorcio Nevada Vega Sur.

La jueza explica que en su día hubo un convenio de colaboración que se firmó entre la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Granada y los consorcios «para la coordinación, ejecución y financiación de las obras precisas para la gestión de los servicios necesarios en el ciclo integral urbano de agua». En virtud de ese acuerdo se delimitaron diferentes agrupaciones de vertidos a las EDAR, siendo la EDAR Sur la que se le adjudicó a Monachil.

En este punto, la instructora recuerda que el 26 de octubre de 2010 hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que declaró esa actuación «como de interés autonómico», pero a día de hoy «no se tiene conocimiento de si tan siquiera se haya redactado el oportuno proyecto».

Así se desprende al menos, especifica la jueza, de la documentación aportada por los alcaldes afectados por las diversas denuncias de la fiscalía. Cabe recordar en este punto que existen en los juzgados de Granada tramitándose más de una docena de denuncias contra regidores por delitos medioambientales de la misma modalidad, a las que hay que sumar otras siete contra alcaldes de la Costa formuladas recientemente.

La jueza hace referencia al llamado canon del agua, que pagan ayuntamientos como Monachil y Cájar. Este se fijó en la ley en 2010 a fin de financiar las infraestructuras de depuración declaradas de interés por la Comunidad Autónoma, «sin que hasta la fecha –añade en su auto– haya sido revertido en interés de su municipio».

Por otro lado, el auto resalta que el Ayuntamiento de Monachil en concreto ha promovido diversas obras para la mejora de los vertidos de aguas fecales. Unas, para «la mejora del saneamiento del núcleo urbano de Monachil». Otras, recogidas en un contrato suscrito con la Diputación de Granada dentro de un plan aprobado en 2016 para sufragar la conexión de la red de saneamiento de agua residual a los punto de enganche con el colector previsto por la Junta para la eliminación de vertidos incontrolados a acequias y al cauce del río Monachil.