Una veintena de piscinas de la capital se enfrenta a 3.000 euros de multa

Según los datos aportados por la dirección de Medio Ambiente del consistorio, los inspectores han evaluado todas las piscinas censadas en el marco de la campaña de control higiénico-sanitaria que se emprende habitualmente con la llegada del verano. Y «todas ellas reúnen las condiciones técnico-sanitarias adecuadas». En cada una de las revisiones, los inspectores informan acerca de las normas de mantenimiento, como la prohibición de aplicar directamente productos, la obligación de contar con sistemas de dosificación automática de los químicos o la obligación de informar al público acerca de los controles, las sustancias que se utilizan o la existencia de socorristas.

Pese a que reunían las condiciones adecuadas para la apertura, 21 de las piscinas inspeccionadas incumplían la obligación de mostrar el protocolo de autocontrol. Se trata de un registro que, así lo especifica la regulación nacional implementada en 2014, debe estar en todo momento en la piscina pública a disposición de los encargados de mantenimiento y las autoridades.

El protocolo ha de señalar cómo se trata el agua de la piscina, cuáles son las operaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección, las condiciones de seguridad o el plan de control de plagas. Una guía específica editada por la Junta de Andalucía establece los criterios para el desarrollo de este documento. Hay más de una decena de aplicaciones móviles que facilitan las tareas de control de las piscinas, y el sistema informático Siloé que contribuye a la conexión entre las piscinas y las administraciones central y autonómica para el control.

«Se está requiriendo (el protocolo) para que lo cumplimenten. En caso de no hacerlo se les sancionará de conformidad con la legislación sanitaria, sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros», señalan desde el Ayuntamiento. Ya el año pasado, la Concejalía de Medio Ambiente impulsó una campaña para informar a los responsables de las piscinas del obligatorio cumplimiento del protocolo de autocontrol.

En lo relativo a las piscinas comunitarias, el control por parte del Ayuntamiento se limita a aquellas de nueva apertura, en el momento de otorgar la licencia municipal de obras. Se estima que hay unas 150 piscinas de este tipo en la capital, a las que se sumarían las que se ubican en viviendas unifamiliares.

En el resto de la provincia, el control de las piscinas queda en manos de la Junta de Andalucía, que contabiliza 424 piscinas privadas (entre las comunitarias y aquellas ubicadas en establecimientos hoteleros) y 225 públicas. «Tenemos un programa de control con el objetivo de reducir los riesgos para la salud derivados del uso de las piscinas», explica Isabel Marín, jefa de Salud Pública en la provincia. «En este programa verificamos las normas de seguridad de la piscina, como pueden ser la profundidad de los vasos, la pendiente, las escaleras, etc.», apunta Marín.

Un punto importante son los sistemas de calidad del agua, como el de depuración o las propiedades del agua de llenado de la piscina, tanto si proviene de las redes de abastecimiento como si llega de otras, como pozos naturales. Fundamentalmente, relata Marín, se inspeccionan todas las piscinas de nueva apertura y aquellas en las que se ha hecho una reforma «importante».

Queda a criterio del servicio de inspección la posibilidad de visitar piscinas que, sin ser de nueva apertura o reformadas, estén al uso del público. «Me consta que hay un gran seguimiento de esas inspecciones porque, aunque no están dentro del plan como una actividad obligatoria, las personas que ejercen la inspección lo toman como un compromiso personal con la vigilancia», comentan desde la Junta de Andalucía. Marín cifra las inspecciones en «casi un 100% de las censadas» especialmente en lo relativo a piscinas públicas y situadas en establecimientos hoteleros, además de aquellas en las que hace un año se hubiera detectado algún «riesgo especial».

El protocolo de inspección incluye dos visitas a las piscinas. En la primera comprueban las deficiencias. Si hay alguna de tipo grave (como las que vulneran las normas de depuración del agua o personal socorrista), la piscina se cierra en el acto por seguridad. En el caso de que los técnicos detecten deficiencias, proceden a una segunda visita para comprobar si se solucionó. Si el problema está subsanado, se archiva el expediente. Si no se ha arreglado, se inicia el correspondiente procedimiento sancionador.

«Las piscinas de Granada, de forma genérica, están de una manera tan satisfactoria que en los últimos años no nos hemos visto obligados a enviar ninguna piscina, ni pública ni privada, a la sección de procedimiento sancionador», afirma Isabel Marín.

Y no es fácil. En la maraña reguladora se entretejen un decreto autonómico de 1999, otro nacional de 2013 y una instrucción autonó mica que trata de aclarar las diferencias entre las dos anteriores. No es difícil localizar a través de Internet decenas de empresas que centralizan la gestión de socorristas y el control de la piscina.