Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida

El tribunal también impone a la encausada una multa de idéntica cuantía a la cantidad defraudada, le obliga a satisfacer una indemnización de otros 40.000 euros (en caso de que no abone ese dinero, debería hacerse cargo del pago la entidad bancaria en la que estaba domiciliada la prestación) y decreta que la investigada no podrá acceder a subvenciones, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social «durante un periodo de cuatro años», refiere el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

La encartada aparecía como «autorizada» en la cuenta de la mujer fallecida. Continuó activa pese al deceso de la titular principal. La pensionista expiró en la India en 2013, «según consta en el Registro Consular». Pese a ello, la procesada «estuvo disponiendo (...) de las cantidades pagadas por Instituto Nacional de la Seguridad Social, las cuales siguieron devengándose (...) con posterioridad a la defunción de la beneficiaria pensionista. (...) Constan así 23 disposiciones de efectivo y 82 transferencias posteriores al fallecimiento», cuantifica la Audiencia. El engaño terminó en 2022, nueve años después de su inicio. «Durante este dilatado periodo de tiempo no se produjo la cancelación de la autorización, ni tampoco de la pensión domiciliada, así mantenida por parte (de la) entidad financiera que no realizó los controles de vivencia de la pensionista, pese a estar obligada a ello», recuerdan los jueces la responsabilidad del banco en cuestión.

La imputada se presentó a la vista oral reclamando su absolución «con todos los pronunciamientos favorables», es decir, con el reconocimiento expreso de su inocencia. Sin embargo, su postura experimentó después un giro. «En el acto del juicio la acusada admitió, lisa y llanamente, la realidad de los hechos que se le imputan, lo que llevó a su letrado, a preguntas del presidente de la Sala, a aclarar que aceptaría la condena y la pena de prisión de dos años solicitada por ambas partes acusadoras», explica la sentencia.

La defensa también alegó que la procesada no estaba obligada a avisar de que la pensionista había muerto, un argumento que la Audiencia rechaza. «No se comparte dicha afirmación pues entendemos que la acusada sí tenía la obligación de comunicar el fallecimiento de la titular de la cuenta en la que estaba autorizada, al menos a la entidad bancaria, y no ocultar dicho dato con la única finalidad de disponer de los fondos que allí se ingresaban por la Seguridad Social en pago de una prestación que no debía de cobrarse por la muerte de la beneficiaria. (...) La omisión punible abarca no solo los supuestos de ocultación consciente de hechos de los que se tenía el deber de informar. Puede abrazar casos de aceptación y mantenimiento de una prestación que fue otorgada y/o prolongada por error del propio sistema», aclara la resolución judicial.

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