El ultimátum del Palacio de Congresos de Granada
La consejería de Rogelio Velasco concedió al alcalde un mes de plazo para convocar el consorcio que gestiona las instalaciones y votar la rescisión del contrato con la concesionaria; un movimiento que podría desencadenar el cierre temporal. El documento, que no se ha hecho público, tiene fecha 31 de mayo
Quico Chirino
Granada
Sábado, 9 de julio 2022
Granada es especialista en alargar problemas que se resuelven en una sentada; como el conductor atrapado en la misma rotonda –quizás por eso haya en ... esta ciudad tantas rotondas–. El Palacio de Congresos tiene previsto celebrar más de 200 actos a lo largo de 2022, con un retorno calculado para la provincia de 40 millones de euros. Hay fondos europeos –aprobados o solicitados– que permitirían acometer una moderna transformación. Sin embargo, el palacio está inmerso en una crisis desde el mismo día en que se privatizó su explotación hace una década; con una licencia de actividad que –reconocido por todas las partes– no se ajusta a los tiempos actuales; unas instalaciones anticuadas –algunos detalles mejor que ni trasciendan–; y una relación entre la empresa concesionaria y las administraciones que hay que revisar. En este diagnóstico coinciden todos los actores, pero nadie resuelve la película. Bastaría con colocar una mesa a la intemperie en Puerta Real con los nombres de los tres invitados y que quedase en evidencia el que no compareciese. Luego hay otros que se han arrimado al socaire de los acontecimientos, porque –pese a todo– el Palacio de Congresos puede ser un buen negocio, aunque en los últimos años no lo haya sido.
La situación se agravó especialmente a raíz de la pandemia. Los amagos para solucionar la crisis han sido constantes, pero se reabre periódicamente cuando no hay otra polémica en la que enredarse. La última vez, esta semana. Los reproches son recíprocos. La concesionaria reclama la normalización de la licencia. De pronto, eventos que se celebraron desde el origen pasaron a estar prohibidos. Y el consorcio –66% Junta y 34% Ayuntamiento– sostiene que la empresa no ha cumplido con las inversiones que obligaba el pliego. También sobre esto hay discrepancias. Pero lo que nadie discute es que existe un problema. Un conflicto que ya no es solamente político. Hay procesos en los tribunales que suman diez millones de euros y que pueden caer de un lado o del otro.
Esta semana, el gobierno municipal recriminó a la Junta el «agravio» al conceder el reequilibrio financiero al Palacio de Congresos de Córdoba e Isla Mágica, en Sevilla, y negárselo en cambio a la concesionaria de las instalaciones granadinas. Al quedarse sin actividad durante el estado de alarma, y con la reducción de aforos en la pandemia, un real decreto permite aplazar el pago del canon de las concesiones o prolongarlas. La Junta, con un informe interno de mayo de 2020, accedió en Isla Mágica y utilizó los mismos criterios para Córdoba. Un año después, acudió a una auditora externa que rechazó el 'reequilibrio' en Granada. Todo está argumentado y el papel casi todo lo sostiene. Además, lo votó el consorcio en la etapa final de Luis Salvador.
La disparidad de criterios ha abierto otro enfrentamiento entre Junta y Ayuntamiento. Por su parte, la empresa concesionaria ha acudido a los tribunales. La pericial realizada por un profesor de la Universidad de Granada cifra la cantidad a reclamar –en la valoración «prudente y conservadora»– en 2.900.232 euros.
La Junta reprochó al alcalde el «alarmismo» tras insinuar el gobierno municipal que estaban en el aire cuarenta eventos concertados para los próximos meses. En un comunicado, el delegado del Gobierno mostraba su «sorpresa» cuando «en las últimas semanas no ha habido ningún movimiento ni se ha adoptado ninguna decisión».
El verso libre
No es exactamente así. Otra cosa es que no haya trascendido. En este desencuentro piensan igual o parecido el todavía vicepresidente de la Junta, Juan Marín; el alcalde actual, Paco Cuenca; su predecesor, Luis Salvador, que anunció varias 'cumbres' que nunca se celebraron; la consejera Marifrán Carazo, que propició un cambio normativo que es un salvavidas para el palacio… Pero hay alguien que ve la realidad con matices, el aún consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco. Algunos compañeros en el gobierno se refieren a él como el «verso libre».
Velasco –apoyado en informes jurídicos– siempre ha sido propicio a rescindir el contrato con la concesionario por supuestos incumplimientos y empezar de cero. Y es una opción. El riesgo de esta operación es que un recurso en los tribunales podría suponer el cierre temporal de las instalaciones. Al margen de que la concesionaria se llevaría los eventos que tenga firmados y contratados. Por eso este botón rojo nunca se ha llegado a accionar. Todavía.
Hay un documento comprometido. El 31 de mayo el alcalde recibió un requerimiento firmado por la delegada de Rogelio Velasco en Granada, Virginia Fernández, en vísperas de la campaña electoral. Básicamente, conminaba a Cuenca, en calidad de presidente, a que convocase una reunión del consejo rector del consorcio «con el mayor apremio». Si no lo hacía en 30 días, advertía que acudiría a un artículo de los estatutos que faculta a la Junta para que toma las riendas. Esa reunión tenía en el orden del día la votación del informe jurídico para romper la concesión.
Cuenca llamó a la Junta y se negó a cumplir el requerimiento. En el gobierno andaluz –que no compartía al completo esta postura– mandaron parar. Y más, a días de las elecciones. Pero la realidad es que el Ayuntamiento no ha recibido una notificación posterior. Y que tampoco se ha ejecutado el ultimátum. Y que Virginia Fernández ha dimitido.
Pero una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra.
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