Ultimátum al Ayuntamiento, que debe recepcionar el Serrallo antes de mayo

La historia del laberinto judicial en el que entró la urbanización se remonta al año 2002. Ante la «desigualdad» en el pago de cuotas a la comunidad que se encargaba de la gestión, un grupo de vecinos se interesó por la situación urbanística de la zona. Por entonces, la gestión de sus servicios –vigilancia a la entrada, agua, iluminación– era privada. Ellos reclamaban que las calles del Serrallo pasaran a ser, como las de cualquier otro barrio, territorio del municipio: conectadas a la red de agua potable, saneamiento y a la de alumbrado público, con servicio de limpieza y mantenimiento y sin delimitación física con el resto de la ciudad.

En enero de 2018 llegó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que daba la razón a las comunidades de propietarios de los residenciales Nazaríes y Comarex en su demanda contra el Ayuntamiento de Granada. En ella consideraban que el Consistorio se desentendía «de sus deberes legales de asunción del mantenimiento y conservación de la urbanización y de prestación de servicios que le son propios».

El Ayuntamiento reconoció que las calles no estaban recepcionadas por la ciudad y ya advertía de que «no podrán serlo hasta que no se pongan a disposición en las debidas condiciones para su mantenimiento». La sentencia, sin embargo, entiende que el Consistorio no especificó «qué debidas condiciones debe tener la urbanización para ser puesta a disposición y recepción por el Ayuntamiento o qué defectos de ejecución y mantenimiento presenta».

En septiembre de aquel mismo año, el área de Urbanismo comunicó al Juzgado el decreto por el cual daría cumplimiento a la sentencia, recepcionando las calles siempre que la propiedad asumiera y costeara las obras de urbanización. Barandillas en mal estado, pavimentos y solería deteriorada, imbornales que no estaban a nivel de rasante y obstáculos para la accesibilidad fueron algunas de las deficiencias descritas por los técnicos y documentadas en un informe con fotografías. Previamente, el Ayuntamiento ya había recuperado viales, zonas verdes, eliminado vallas o regularizado las infraestructuras a las redes municipales, en concreto el suministro de agua.

Pero en términos administrativos, la 'desprivatización' de El Serrallo todavía no es oficial. En el auto del pasado 29 de enero, el juez concede al Ayuntamiento un plazo de tres meses –cuenta atrás que comenzó ese mismo día– para cumplir con lo acordado en la sentencia. Es decir, recepcionar las obras e infraestructuras del Centro de Interés Turístico El Serrallo «mediante la correspondiente formalización y documentación» y a la «prestación de los correspondientes servicios públicos obligatorios».

Aunque la urbanización ya no dispone de vigilancia a la entrada y los servicios de Inagra y Emasagra entraron hace más de un año al Serrallo, los vecinos aseguran que el regadío de las zonas verdes, por ejemplo, sigue siendo 'privado'. Otro de los distintivos de la urbanización es el vallado en uno de los parques, que separa el Serrallo de Bola de Oro y que, según las mismas fuentes, deberá retirarse tras el auto judicial del pasado mes de enero.