La Udef aporta a la jueza correos que revelan «instrucciones directas» de Torres Hurtado en la trama urbanística

El exalcalde, que dimitió tras su detención el 13 de abril de 2016, siempre ha dicho que en Urbanismo lo tenía todo delegado. Sin embargo, de un correo electrónico enviado el 9 de septiembre de 2014 desde la cuenta de correo personal de Isabel Nieto al que fuera coordinador de Urbanismo del Consistorio, Agustín Belda, se desprende una posible intervención directa en la operación que se llevó a cabo para ceder el emblemático palacete del Albaicín a una oenegé. En ese correo concreto, la exedil se refería al pliego de condiciones de la Casa Ágreda y decía esperar que se hubiera remitido a una tercera persona. «Y si no es así, se lo remites a primera hora. Y le dices que se ha redactado por instrucciones directas del alcalde», indicaba la edil, a la vez que dudaba de que ella tuviera «competencias» para la gestión de los inmuebles, «porque corresponden al área de Patrimonio».

Pero este correo no es el único que apunta al exregidor. Existe otro relacionado con el caso Serrallo en el que Nieto advierte de que «las conclusiones y órdenes se darán desde arriba». La Policía recuerda a la jueza que «más arriba de la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el coordinador general de Urbanismo, Agustín Belda, en materia urbanística estaría la Junta de Gobierno Local y el propio alcalde». Por eso concluye que Nieto «parece dar a entender que las conclusiones y órdenes sobre cómo proceder en el expediente de investigación del Serrallo vienen de instancias superiores a ellos dos».

En total, en casa de Isabel Nieto, la Policía intervino tres teléfonos móviles, una tarjeta de memoria, un ordenador portátil y nueve 'pendrives'. De su despacho oficial de la Concejalía de Urbanismo, que se halla en el edificio de Gran Capitán, los agentes se llevaron un disco duro que ha resultado no contener, según detalla el informe, documentación relevante para esta investigación.

Del examen de los 'whatssaps' intercambiados entre la exconcejala y otras personas, los investigadores resaltan una conversación de octubre de 2014 con el exconcejal de Medio Ambiente Juan Antonio Mérida en la que se alude «a un ambiente enrarecido entre los funcionarios». Existía al parecer un clima de tensión en el área ante el que Mérida propuso fijar una reunión entre ellos dos, el exjefe de Obras y otra persona. Para los agentes, el ambiente tirante que se respiraba «habría sido provocado por algunos de los máximos responsables de las distintas áreas de Urbanismo, además de provocar el funcionamiento anómalo de la concejalía».

También refleja el último informe policial intercambios de mensajes de Nieto con uno de los tres constructores investigados en la causa, Roberto García Arrabal, y resalta que las conversaciones «se producen a cualquier hora y día». Ello denota «un trato personalizado e inmediato en los temas tratados con él». Por ejemplo, en noviembre de 2013, Nieto comunicó directamente al empresario que ya estaba «firmado» un documento. La Policía cree que se trataba del decreto mediante el que concedió licencia a su empresa Fontdeis SL para la construcción de locales comerciales en la parcela donde se ubica el Pabellón Mulhacén. En otra de la conversaciones, este promotor pide a Nieto «una cita muy urgente» y ella se la da justo para el día siguiente. Llama la atención que en sus conversaciones la exconcejala llega a hablar de sus «lentorros» al referirse a los funcionarios.

Sobre el expediente del Pabellón Mulhacén, que es uno de los ocho que se investigan en el caso Nazarí, la Policía destaca que la exedil comprobó mediante el pliego de condiciones y el contrato firmado con Fontdeis SL «que se debería haber construido unas pistas de pádel y unos aparcamientos subterráneos», algo que nunca se hizo porque así «se habría consensuado entre Urbanismo y el concesionario».

Los mensajes telefónicos también desvelan que la exconcejala abrió una investigación «para averiguar qué funcionarios podrían haber tenido acceso a determinados expedientes en los que se habrían denunciado irregularidades». Además, confirman «la mala relación» que existía entre el exjefe de licencias, Emilio Martín Herrera -también investigado-, y el que fuera director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, hoy testigo de cargo clave en el caso Serrallo. Al parecer, Nieto llegó a plantear que se abriera incluso «un expediente disciplinario» al primero por su enfrentamiento con el segundo.

El informe recoge que la exedil contrató un detective privado para investigar una empresa relacionada con De la Rosa y destaca que cuando se elaboró la nueva ordenanza municipal de Licencias «probablemente» no participó este, a quien supuestamente también se mantuvo al margen cuando se decidió crear la Dirección General de Licencias. Hubo entonces una reorganización del área y De la Rosa acabó relegado en 2014 a una oficina creada «con carácter experimental» en el Albaicín . Además, los investigadores consideran que con esa nueva ordenanza -elaborada a raíz de la denuncia de las supuestas irregularidades en la concesión administrativa en la que se enmarcó la construcción de la discoteca del Serrallo- se introdujo una modificación de la normativa «con la que se estaría intentado regularizar» la situación de aquellas instalaciones.

De otro de los empresarios salpicados por el caso Nazarí, Enrique Legerén, la Policía especifica que ha hallado en uno de los teléfonos de la exedil un fotografía de él junto a otra persona. Esto indicaría «al menos que se conocían, no sólo desde el punto de vista profesional». La instantánea, de hecho, se reproduce en el informe.

Existen otros documentos que los investigadores ven relevantes y que versan sobre los demás expedientes bajo sospecha. Por ejemplo, creen que algunos de los papeles analizados prueban que la concejala «conoce directamente» el expediente relacionado con la construcción del bloque de Obispo Hurtado donde ella y el exalcalde tienen sus pisos. Y es que Nieto puso «en aviso» al excoordinador de Urbanismo de que la licencia de primera ocupación del edificio iba a ser pasada a firma el 29 de mayo de 2015 y que debía de ser rubricada por Mérida, lo cual finalmente ocurrió.

Del expediente Registrador, el informe policial señala que «se confirma la colaboración y cooperación» del registrador investigado con el Ayuntamiento de Granada, «concretamente con la Gerencia de Urbanismo en cursos y conferencias sobre urbanismo». Aparte, enfatiza que fue la propia Nieto quien reclamó que ese expediente, consistente en las obras de adaptación de un local para oficina en la calle Tórtola de la ciudad, se remitiera «inmediatamente» a la comisión ejecutiva para ser aprobado.

También apunta la Udef, dentro del expediente Parkings, que del análisis de lo intervenido se desprende que era «práctica habitual» adjudicar las obras de acabado de superficie de las construcciones de este tipo «a la misma sociedad o empresa constructora del aparcamiento público». Para justificar esta adjudicación directa, se alegaban unos «motivos técnicos» que la Policía cree que «podrían no estar contemplados en la normativa».

Del expediente Campus, sobre la residencia universitaria que García Arrabal proyectó en esta zona de Granada y que no se ha hecho, el informe pone de relieve que se intentó llevar a pleno, por decisión de los órganos de Urbanismo, la interpretación de lo que son residencias universitarias, la cual «posiblemente primero debía pasar por la Junta de Distrito del Zaidín». También se refiere la Policía al expediente San Jerónimo, en el que se enmarca el residencial por el que está investigado el constructor José Julián Romero, y recuerda que los pisos se vendieron sin que se acabaran de ejecutar las obras de urbanización, pues se dio licencia de primera ocupación a este constructor.