El TSJA urge el diálogo para encontrar una salida al conflicto de los funcionarios judiciales

Así lo han informado a IDEAL fuentes sindicales, al tiempo que han precisado que este pronunciamiento oficial del alto tribunal andaluz ha sido acordado por «unanimidad» en el marco de la reunión de la última comisión, celebrada el pasado 4 de julio y tras un escrito presentado por el sindicato SPJ-USO.

En su pronunciamiento, de acuerdo con las referidas fuentes, el TSJA recuerda que el conflicto está dando lugar a multitud de suspensiones de juicios, así como a aplazamientos de otro tipo de actuaciones procesales, con el consiguiente «enorme» perjuicio que se está causando a los ciudadanos.

Pese a la suspensión de la huelga indefinida que mantenía el colectivo hasta que se forme el nuevo Gobierno, las movilizaciones continúan en Granada hasta el 23J debido a que el sindicato mayoritario en la provincia, SPJ-USO, se descolgó de la desconvocatoria llevada a cabo por CSIF, STAJ, CCOO y UGT.

Este lunes, de hecho, un grupo de funcionarios de Granada se ha vuelto a concentrar en la parte central del complejo judicial de la Caleta para insistir en sus reivindicaciones, entre las que están «una retribuciones justas y unas funciones claras y definidas».

Este martes, 11 de julio, habrá una concentración en Madrid, en las puertas de la Moncloa, puesto que los sindicatos que desconvocaron la huelga a nivel nacional mantuvieron dos jornadas de paro.

Este miércoles está prevista una nueva concentración ante la sede del PSOE en Granada, entre las 9.30 y las 10.30 horas, mientras que el jueves se repetirá la protesta en Plaza Nueva, en esa misma franja horaria, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).

Los funcionarios judiciales (unos 1.100 en Granada) iniciaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril con paros parciales diarios de tres horas. A partir de finales de mayo, endurecieron sus protestas pasando a la huelga indefinida, que ha durado dos meses y medio.

Hasta ahora, con estas medidas de presión, que están colapsando los juzgados, no han conseguido que el Ministerio de Justicia se siente a negociar con ellos, que se sienten «discriminados» tras el desenlace que tuvo la anterior huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que sí lograron un subida salarial.

También los jueces y fiscales amagaron con una huelga, pero el ministerio que encabeza Pilar Llop acabó negociando con ambos colectivos y accedió a una mejora retributiva. Esta circunstancia ha provocado que los funcionarios, que constituyen el 93 por ciento de la plantilla, tilden al Gobierno de Pedro Sánchez de «clasista».