El TSJA advierte de que la pandemia ha agravado el deterioro de la justicia

Con esta solemne cita, a la que acudió el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín, entre otras autoridades, arrancó ayer oficialmente el nuevo curso en los juzgados y tribunales andaluces. Un año más «toca caminar cuesta arriba», indicó el presidente, para apelar tanto al esfuerzo y la capacidad de los jueces para hacer frente a los contratiempos como a la comprensión de los ciudadanos.

La atmósfera en la que sus señorías han regresado a sus despachos es de inquietud también por el «mensaje de dependencia» que se está transmitiendo a la ciudadanía con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Ojalá la justicia quede de una vez ajena a la contienda política o a rentabilidades electorales», expresó el presidente durante su intervención, que fue tan reflexiva y crítica como reivindicativa.

El acto contó con un número reducido de invitados por las limitaciones de la pandemia y, aunque se desarrolló en el Palacio de la Real Chancillería, sede del alto tribunal andaluz, cambió de escenario: tuvo lugar en el Salón de Plenos en lugar de en el patio central. El año pasado no llegó a celebrarse por las restricciones.

Frente al atril, Lorenzo del Río, que lleva diez años de presidente del TSJA y que precisamente está en funciones desde enero de este año debido a la paralización de nombramientos que ha conllevado la «interinidad» del CGPJ, advirtió del «nefasto efecto distorsionante» que está provocando ante la opinión pública lo que está sucediendo con el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Habló de un «inclumplimiento» por parte del poder legislativo del mandato constitucional de renovar el CGPJ en los plazos establecidos y opinó que «es un claro reflejo de la fragilidad del poder judicial en España» al quedar supeditado «a los vaivenes de la confrontación política».

El «colapso» de los asuntos judiciales que los jueces temían tras el parón de la actividad durante el confinamiento, ya es una realidad. Se ha reflejado en las estadísticas recogidas en la última Memoria del TSJA: la pendencia se ha incrementado en Andalucía un 8%.

No han ayudado a la situación, según Del Río, «las dificultades inherentes al nuevo entorno de trabajo» ni la sobrecarga que se ha producido por los nuevos conflictos surgidos a raíz de la crisis socio-sanitaria. Basta con pensar en los ERTE, los despidos, los concursos de acreedores o los impagos ligados al cese temporal de la actividad que han supuesto las restricciones del coronavirus.

Para el presidente, se presentan dos grandes retos: «ganar en credibilidad (externa e interna) y ganar en eficiencia». Para lograr el primero, se hace necesario, a su juicio, que el poder judicial se mantenga al margen de la lucha de partidos y se respeten los plazos legales a la hora de renovar sus órganos. «Urge revertir esta situación, asentando el poder judicial, su órgano de gobierno en un ámbito de independencia real y perceptible», enfatizó.

«Las leyes vigentes han de cumplirse», agregó el magistrado, para incidir en que «ni la legitimidad de los jueces ni la calidad del ejercicio de la justicia pueda quedar cuestionada o comprometida». En este punto, dejó claro que «tenemos una justicia independiente y competente», pero sin los recursos que necesita.

Y es que sus señorías tienen que soportar, además de un elevado volumen de trabajo, un «déficit de medios (personales y materiales)». Esto, en cualquier caso, no debe ser excusa, según destacó Del Río, para minorar el esfuerzo que deben realizar para «incrementar la eficacia judicial». Así, tras reconocer el esfuerzo y compromiso de sus compañeros, les animó a acortar tiempos de respuesta, agilizar los procesos y seguir formándose.

También se refirió la máxima autoridad del TSJA a la necesidad de unificar criterios ante un mismo asunto. Lo hizo refiriéndose de nuevo a la pandemia, pues se han producido «una serie de pronunciamientos contradictorios» en torno a las medidas planteadas para luchar contra la covid-19.

Para progresar en eficiencia, el presidente indicó que en Andalucía «debe materializarse el Plan Estrátiégico y de calidad de la Administración de Justicia», aparte de lograr la mejora de las infraestructuras judiciales y una «eficaz» gestión de los recursos humanos. Así instó a la Junta a avanzar en la digitalización de la justicia –espera que emplee los fondos del Plan de Recuperación 'New Generation EU'– y a cortar los flecos del nuevo sistema @driano.

En el plano estatal, consideró imprescindibles ciertos cambios legales, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de «singular relevancia y urgencia», pues conllevará que haya solo un proceso penal y no cinco, como hay actualmente. Abogó asimismo por que los juicios rápidos sean «la regla general» y por controlar la «preocupantemente excesiva» tasa de litigiosidad. En este punto, criticó la judicialización de los rifirrafes políticos y el abuso del proceso, para recordar que solo el año pasado la justicia en Andalucía registró 1.078.773 asuntos.

La primera en dirigirse al público, entre quienes también estaban la presidenta del Consejo Consultivo, la presidenta del Parlamento andaluz , el delegado del Gobierno en Andalucía o el defensor del pueblo, fue la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

Durante su discurso, en el que tuvo un emotivo recuerdo para las víctimas de la pandemia, ensalzó el papel jugado al inicio de la crisis por el Ministerio Público a la hora de analizar el estado de las residencias de ancianos, al ser los mayores los más vulnerables ante el letal virus.

Sobre la situación de la criminalidad en Andalucía, la fiscal superior habló de la «presión delictiva» que sufre nuestra comunidad por su situación geográfica y ante el crimen organizado del tráfico de drogas y las mafias de la inmigración.

En este punto, puso de relieve que el plan contra el narcotráfico articulado en 2018 «está permitiendo luchar de manera eficaz contra esta lacra, recuperar el principio de autoridad y la seguridad pública ante los actos de violencia con armas que han protagonizado». Así, reveló que las operaciones de desarticulación de las bandas del narcotráfico en el último año han aumentado un 53%, mientras que aquella dirigidas contra el blanqueo han crecido un 43%.

También se refirió Tárrago al anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dará protagonismo a los fiscales en la investigación de los asuntos penales. Esta reforma debe ser alcanzada, en su opinión, con «el mayor consenso y apoyo de todos los operadores jurídicos», dado que será el instrumento que permitirá luchar «con más eficacia» contra la criminalidad.

Tras detallar que la ratio en España es de 5,4 fiscales por 100.000 habitantes, Tárrago recordó que la carrera fiscal también demanda un aumento de la plantilla.