La Junta de Andalucía dota de funcionarios a los juzgados de Paz de cinco municipios de Granada

Son dos los funcionarios destinados a cada juzgado (un gestor y un auxilio), a fin de aliviar la carga de trabajo que vienen soportando estas sedes judiciales, según precisaron las fuentes, que resaltaron que con esta medida se da cumplimiento a lo que establece la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Las referidas fuentes indicaron además que el Convenio de Colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para este 2020 incluirá formación para jueces de Paz. Una de la actividades previstas es el 'Encuentro de Jueces de Paz', que tendrá lugar en Granada para los de Andalucía Oriental y en Sevilla para los Jueces de Paz de Andalucía Occidental.

Esta dotación –por fin acordada– había sido reclamada insistentemente por el sindicato mayoritario en Justicia en Granada, el SPJ-USO. «Hemos luchado para que se proporcionasen todos los medios adecuados, sobre todo de personal, a estos juzgados, para solucionar las dificultades y disfunciones que pueden tener los ciudadanos a la hora de ejercitar ese derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva», subrayó Antonio García, delegado de esta organización sindical.

García aplaudió que, después de muchos años, «por fin» la Junta haya atendido esta demanda. «Estamos satisfechos, pero no al cien por cien, pues hay un juzgado, como es el de Dúrcal, que sólo tiene una gestora y debería tener también un auxilio judicial», agregó, al tiempo que volvió a reivindicarlo.

El material informático y las sedes dependen de los ayuntamientos de los correspondientes municipios y este sindicato, según garantizó el delegado del SPJ- USO, estará ahora pendiente de que se dote a las sedes de «las infraestructuras y todos medios necesarios».

La ley Orgánica del Poder Judicial establece que en cada municipio donde no exista juzgado de Primera Instancia e Instrucción, existirá un juzgado de Paz. Son como un primer peldaño en la escalera de la Administración de Justicia. Actualmente, según especifica en su web la Junta de Andalucía, en la Comunidad Autónoma hay un total de 686 juzgados de Paz.

Los jueces de Paz –tanto los titulares como sus sustitutos en caso de enfermedad o ausencia por causa legal– son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).

Ocupan el cargo durante cuatro años y el nombramiento debe recaer sobre las personas elegidas por el Pleno del respectivo Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

¿Y qué competencias tienen estos órganos? Tienen tanto civiles como penales. En materia civil está, por ejemplo, «conocer en primera instancia, fallo y ejecución de los asuntos de cuantía no superior a 90 euros, que por su materia no les corresponda a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción», aparte de celebrar «actos de conciliación» y realizar labores de cooperación y auxilio judicial.

En cuanto a los trámites que asumen del Registro Civil, van desde la llevanza y custodia de los libros, a los expedientes y celebración de matrimonios civiles, pasando por las inscripciones de nacimientos y defunciones. También expiden certificados.

Por su parte, el coordinador regional del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Nicolás Núñez, consideró que «evidentemente» es una «notable mejora» del servicio que prestan estos juzgados en los pueblos, «si bien –agregó– también tenemos que decir que llega casi diez años después de que se acordara, ya que fue paralizada por los duros recortes que, en general, sufrió este país en 2010 y años sucesivos».

Los funcionarios empezarán efectivamente a trabajar en sus respectivos órganos a partir de hoy salvo en Otura, donde lo harán «a finales de marzo», según Núñez, cuyo sindicato promovió hace un par de años que la Delegación Provincial de Justicia iniciara «una inspección y seguimiento del estado de las instalaciones» de los juzgados de Paz.

El objetivo era exigir a los Ayuntamientos que cumplan con la obligación que tienen por ley de dotarlos de todos los medios materiales necesarios para su buen funcionamiento, incluidas las infraestructuras.

Respecto al «déficit» de personal, el STAJ menciona al juzgado de Paz del municipio de Las Gabias, que cuenta con dos funcionarios que tienen que atender a una población cercana ya a los 25.000 habitantes. «Aún sigue sin atenderse a la petición realizada por el juzgado y por este sindicato para que se proceda al nombramiento de un funcionario de refuerzo mientras se decide la ampliación de su plantilla», criticó.