Tramitan más de 4.500 multas por consumo de drogas en Granada

Estos expedientes sancionadores son abiertos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado después de interceptar a una persona consumiendo estupefacientes en la vía pública. La sanción mínima es de 601 euros, salvo en el caso de los menores de edad que pueden conmutar la multa por un proceso de terapia de deshabituación en un centro de drogodependencias. El sancionado puede abonar el 50% de la multa si hace frente a ella sin presentar recurso alguno contra la misma y abonarla tras recibirla. La tónica general es que la mayoría de los expedientes sancionadores suelen ser recurridos, si estas multas no son resueltas en el espacio de un año el procedimiento se archiva, según recoge el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, también conocida como 'Ley Mordaza'. En ese cómputo temporal no se tendrá en cuenta la paralización del procedimiento por los recursos presentados o porque la sanción administrativa se haya elevado a la vía judicial.

Un cálculo del importe que ingresará la Administración central por estas sanciones alcanza 1.362.000 euros si todas las multas ya firmes se abonan por el prontopago con una reducción del 50%. Pero si las multas han sido ya recurridas, lo que suele ocurrir habitualmente, el importe se elevaría a 2.724.000 euros, siempre y cuando se abonaran todas, un extremo que tampoco suele ocurrir en los casos en que el infractor se declara insolvente.