Los trabajadores de Rober siguen adelante con el paro de autobuses para mañana viernes

La plantilla ha debatido la propuesta -de la que por el momento ni empresa ni trabajadores han querido dar detalles- en una asamblea esta mañana y volverán hacerlo esta tarde en un segundo turno para los trabajadores que no han podido estar presentes. No obstante, por el momento se mantiene la convocatoria de paros de los días 10, 15 y 17 de junio, estos dos últimos coincidiendo con la feria del Corpus. En el horizonte cercano está también la amenaza de huelga indefinida en el transporte público a partir del 20 de junio.

Para mañana viernes, además del paro total se ha convocado una manifestación que partirá a las diez de La Caleta y finalizará a la una de la tarde en la plaza del Carmen, donde los trabajadores volverán a concentrarse.

En una rueda de prensa, junto al grupo municipal de Unidas Podemos del Ayuntamiento de Granada, el representante del Comité de Empresa de Transportes Rober, José Manuel Roldán, ha confirmado que siguen adelante con el calendario de protestas y reiteró que el escollo de la negociación sigue siendo la cláusula de revisión salarial del IPC, en lo que quede a final de año, que la empresa se niega a incluir en estos términos.

Roldán ha querido «denunciar ante la opinión pública la ruptura y bloqueo de la negociación del convenio colectivo de la empresa dónde el principal escollo es la negativa a incluir una cláusula de revisión salarial a final de año a lo que quede el IPC real».

El presidente del Comité ha añadido que llevan «varios años muy duros donde los trabajadores han sido responsables y consecuentes con la situación, así en el año 2020 se nos aplicó un ERTE donde los únicos que colaboraron fueron los trabajadores, con una pérdida de salario y poniendo para paliar en la medida de lo posible esa pérdida de salario, vacaciones, festivos y horas negativas, que luego se tuvieron que devolver con jornadas de trabajo extenuantes, mientras la empresa siguió teniendo cuantiosos beneficios».

«Ese mismo año, y demostrando responsabilidad por nuestra parte, la subida salarial fue de un 0%», ha continuado. Asimismo, en el año 2021 la plantilla se encontró con un IPC desbocado del 6,5% que les supuso una pérdida de poder adquisitivo del 5,1%, según ha señalado. «Este año 2022, en vista de la evolución que está teniendo el IPC, los trabajadores en asambleas generales decidimos que no estamos dispuestos a seguir perdiendo poder adquisitivo y que se exigía para firma del convenio la cláusula de revisión salarial a final de año al IPC real», ha apuntado.

«No pedimos que se nos suba el sueldo, solo no perder poder adquisitivo. Es un derecho que cremos que no solo tenemos los trabajadores de Rober, sino que tiene el conjunto de los trabajadores y la sociedad», ha valorado.

Además, Roldán ha vuelto a reivindicar la mediación del equipo de gobierno municipal en el conflicto. «No entendemos cómo el alcalde y la concejala delegada de Movilidad, que son los principales responsables de garantizar que se presten los servicios públicos, ni siquiera se hayan prestado a mediar entre trabajadores y empresas y ni quiera se hayan puesto en contacto con los trabajadores», ha reprochado.

Por otro lado, ha asegurado que la empresa ha rechazado todas las propuestas planteadas por la representación de los trabajadores «y ha planteado ofertas que suponían pérdida de poder adquisitivo, todas ellas inasumibles para la plantilla».

Desde el comité de empresa insisten en que la prioridad es alcanzar un acuerdo y reclaman a la empresa concesionaria del servicio público del transporte urbano de Granada que «haga un esfuerzo para que los trabajadores no nos quedemos atrás perdiendo poder adquisitivo con la aplicación del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Granada».

Además, avalado por un estudio realizado desde una consultoría externa, el comité de empresa considera viable la municipalización del transporte público, «apostando así por la gestión directa del servicio, por parte del consistorio lo que supondría además un ahorro para las arcas municipales».

Por último, desde el comité de empresa han aprovechado para pedir «disculpas y comprensión» a las personas usuarias del transporte urbano por los perjuicios y molestias que se puedan ocasionar. Igualmente han hecho un llamamiento a la opinión pública y al conjunto de trabajadores de la ciudad de Granada «para que nos apoyen en nuestras justas reivindicaciones, las mismas a las que tiene derecho el conjunto de la sociedad: mantener el poder adquisitivo de los salarios».

Por su parte, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha expresado su preocupación por la afección que tendrá en la ciudad la huelga de transportes y por el conflicto laboral, que considera consecuencia de la privatización de los servicios públicos.

«Este problema surge no porque sí, sino porque hay una voluntad política de los distintos grupos municipales, excepto Unidas Podemos e Independientes por mantener privatizados los servicios públicos con unos beneficios inmensos, obscenos e indecentes diría yo, para multinacionales. En el caso de Rober-Alsa, se trata de un servicio municipal, gestionado por una empresa privada, pero en los conflictos están afectados los ciudadanos. Y es una paradoja que el Ayuntamiento, que es el titular del servicio, teóricamente no tenga competencia para intervenir porque es un conflicto privado. Entendemos que hay una obligación moral del equipo de gobierno de intervenir como institución para proteger los intereses de la ciudadanía», ha valorado Cambril.

Para el portavoz de UP, los trabajadoras de las contratas municipales «tienen que tener garantizados sus derechos y no perder poder adquisitivo» y el Ayuntamiento «tiene que ser sensible, implicarse y mediar en la solución del conflicto».

El portavoz de UP ha reconocido también «los grandes esfuerzos hechos por la plantilla en los últimos años», y por tanto, ha hecho hincapié en que el grupo entiende «que este Ayuntamiento tiene que ser sensible con los trabajadores y al menos, mediar e implicarse en la negociación con la empresa Alsa». Es decir, «tratar de evitar un perjucio enorme a trabajadores y ciudadanos con una posible huelga, que, repito, no gusta a nadie. Por eso queremos colaborar en que no se produzca».

Desde UP han manifestado que los trabajadores de Transportes Rober, propiedad de Grupo Alsa, no son los únicos perjudicados por la inflación pero «una cosa que sucede siempre y con todos los empleados, es que las grandes consecuencias económicas siempre son sufridas por los mismos, los de abajo», ha señalado Cambril.

«Las grandes concesionarias de los servicios públicos de esta ciudad se llenan los bolsillos año a año con beneficios escandalosos sin que ningún equipo de gobierno de Granada se haya atrevido a controlar este enriquecimiento ni la calidad del servicio», ha dicho Cambril.

Según el portavoz de UP, en el primer año de pandemia, Transportes Rober «aumentó sus beneficios en un 525% y se realizaron ERTE por valor de más de 300.000 euros, por lo que es de justicia que los trabajadores tengan protegidos todos sus derechos, y no a costa de los ciudadanos que pagan su billete de autobús, sino, entendemos, a través de estos beneficios obscenos».

En este escenario es, a juicio de Cambril, «donde el equipo de gobierno tiene que implicarse, mediar e intentar que no se llegue a una huelga que perjudicaría a miles de granadinos, los trabajadores incluidos.

«Este mismo conflicto también se anuncia con Inagra en los próximos días, y existen otros contratos municipales como son los de Servicio de Ayuda a domicilio, o limpieza de edificios y colegios, talleres deportivos, socioculturales que sufren el mismo problema e incluso con mayor precariedad, y a los que también hay que atender», ha advertido Cambril.