Una trabajadora del Parque de las Ciencias denuncia a su director por prevaricación y acoso

Según su relato, el expediente se mantiene abierto de forma irregular –pese a que, en ausencia de resolución, debería haberse archivado a los tres meses– a causa del «empecinamiento» y la «mala fe» del responsable de la institución.

La denunciante resalta en su escrito que los hechos de los que se le acusa no constituyen una irregularidad y que, incluso aunque lo fueran, estarían prescritos, ya que han transcurrido más de tres años desde su presunta comisión, tal como reconoce un informe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que el propio Alcalá solicitó y que después –siempre según su versión– ha ignorado con el fin de mantener vivo un expediente sancionador con propuesta de despido disciplinario. Esta conducta, la de dictar resoluciones injustas a sabiendas, es la que González considera constitutiva de un delito de prevaricación.

Según la denuncia, la propia consejera de Desarrollo Educativo, como presidenta del Consorcio del Parque de las Ciencias, ha dejado decaer el expediente sancionador al no ratificar en todo este tiempo la propuesta del director-gerente de sancionar las supuestas faltas muy graves de la trabajadora con el despido.

El conflicto se inició a raíz del cobro de unas cantidades como pago a su asunción de las competencias como directora-gerente mientras seguía realizando su trabajo como responsable de Comunicación del Parque en el año 2020.

Una vez asumió Alcalá el cargo, en 2021, se le requirió a la empleada la devolución de 2.293 euros. Los servicios jurídicos de la Junta reconocieron que el cobro había sido irregular en el sentido de que no podía ser abonado como horas extras, pero que el trabajo había sido efectivamente realizado y, por tanto, la trabajadora tenía derecho a cobrarlo con otro concepto.

El mismo informe jurídico de la Junta, adjunto a la denuncia, recuerda que los hechos, incluso si fueran constitutivos de una irregularidad administrativa, estarían prescritos, y subraya que una demanda por parte de la empleada «tendría visos de prosperar», por lo que desaconsejaba continuar con el expediente.

La afectada, a su vez, interpuso en 2021 una demanda ante la jurisdicción laboral reclamando que se le abonaran los honorarios no percibidos como directora-gerente accidental, por un total de 12.406,32 euros. En el transcurso de esta demanda –que se resolverá en las próximas semanas–, el propio abogado del Parque reconoció que se le adeudaban a González 2.475,25 euros, es decir, una cantidad superior a la que se le reclamaba.

«Que el denunciado no quiera reconocer expresamente la caducidad del expediente disciplinario que ordenó incoar contra mí constituye un nuevo elemento del acoso denunciado, cual es perpetuar sine die la apariencia infractora, sin posibilidad de defensa», subraya en su denuncia. También rechaza de plano el «ardid» de sostener –para burlar el plazo de prescripción– que el consorcio no conoció las supuestas irregularidades cometidas en 2020 hasta mayo de 2024, cuando Alcalá llevaba casi tres años como director-gerente.

«El denunciado perpetúa su acoso no permitiendo la impugnación de sus acuerdos, por la vía de inadmitir el recurso de alzada interpuesto contra su propia actuación, lo que constituye una usurpación de las funciones de su órgano de revisión», añade.

«Todo apunta a que se trata de parte de la operación de desprenderse, a todo trance, del anterior personal del Parque, antes de cesar en el cargo», agrega el escrito, en alusión al reciente cese de los tres asesores honorarios del museo, entre ellos su exdirector y fundador, Ernesto Páramo.

González señala que «se encuentra de baja laboral, por un trastorno depresivo», como resultado de los «daños psíquicos» y la «angustia» que le ha causado la amenaza de la sanción anunciada y mantenida sine die, teniendo en cuenta además las dificultades que tendría para volver al mercado de trabajo una mujer de 57 años tras un despido disciplinario.

Entre las diligencias cuya práctica solicita, propone que se tome declaración como testigos, entre otros, a la consejera de Desarrollo Educativo, como presidenta del consorcio, y a la letrada de la Junta de Andalucía que elaboró el informe que aconsejaba archivar el expediente disciplinario.