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El Ayuntamiento de Granada retrasa al 1 de octubre la aplicación de sanciones por la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones. Será seis meses después de lo inicialmente previsto. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, que explicó que este tiempo extra servirá para dar más información a los ciudadanos y para poder tramitar todas las autorizaciones para las exenciones previstas en la normativa. En este punto, Carazo dijo que se han incluido nuevas excepciones que se suman a las que se contemplaron en el primer momento. Esto se hace, indicó, después de haber analizado las alegaciones presentadas por instituciones y particulares, un total de 250.
¿Cuáles serán estas exenciones? A razones como la necesidad de acceder a un hospital o a un taller mecánico, se suman ahora otras que serán «transitorias». Carazo señaló que de esta forma tratan de responder a las necesidades de los ciudadanos. Las autorizaciones se darán con una declaración jurada para tratar de agilizar al máximo los trámites.
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Una de estas excepciones será para personas con rentas bajas y que tengan que venir a la capital por motivos laborales. El requisito será que no superen dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que la persona solicitante de la autorización, que será anual, sea propietaria del vehículo.
También podrán venir en su automóvil a Granada los dueños de coches o motos contaminantes que tengan una citación judicial, o aquellos que sean además propietarios de un garaje en la ciudad. En este segundo caso, sólo podrán entrar en la capital para llegar hasta su cochera.
Los mayores también estarán exentos, por el momento, de estas limitaciones de movimiento. En concreto, los que tengan más de 67 años y sean propietarios de unos de estos vehículos sin la etiqueta exigida para llegar a la ciudad. Esta autorización serán exclusivamente para esta persona. Es decir, no podrá transferirse si el coche cambia de propietario o de conductor.
Por último, dentro de estas nuevas dispensas están los que tengan como destino un aparcamiento público y estén estacionados en él más de una hora. La alcaldesa precisó que están trabajando con los parking para poner un sistema de control.
Carazo apuntó que estas medidas serán temporales y que en 2028 Europa analizará si están siendo efectivas viendo cuál es la calidad del aire. Por tanto, dijo que desde el Ayuntamiento se irá evaluando y modulando la aplicación de estas exenciones.
Sobre este retraso en la aplicación de multas por incumplir la normativa de bajas emisiones, la alcaldesa detalló también que el Gobierno central ha dado cierto margen. Recordó que en julio, desde el ministerio se comunicó que para poder acceder a las partidas para el descuento del 50% en el transporte público, las ciudades tendrían que tener en marcha sus planes de zona de bajas emisiones. Sin embargo, ahora se ha suavizado esa exigencia, lo que ha dado más flexibilidad al consistorio local.
Carazo recordó que para llegar a este punto se ha tenido que realizar un gran esfuerzo por parte del equipo municipal. Criticó que la anterior corporación, con Paco Cuenca al frente, lo dejó «todo sin hacer» y que el actual gobierno local ha tenido que modificar trece ordenanzas y adaptar el plan de movilidad, al tiempo que trabajaban en el plan de zona de bajas emisiones.
Precisó, asimismo, que en marzo estará aprobada la ordenanza de forma definitiva. También se habrá modificado el plan de movilidad y se publicará el plan de aplicación de la zona de bajas emisiones. Será a partir de ese momento cuando las limitaciones al tráfico para vehículos sin domicilio fiscal en la capital entrarán en vigor. Aunque las sanciones, que estaba previsto que se empezaran a poner el 1 de abril, no llegarán hasta seis meses después.
La alcaldesa, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por la concejal de Movilidad, Ana Agudo, resaltó que para la elaboración de este plan se ha trabajado junto a los ayuntamientos del Área Metropolitana, las juntas de distrito, el Consorcio de Transporte Metropolitano y agentes sociales y económicos de la ciudad, entre otros. Afirmó que han sido meses intensos en los que se ha tratado de recoger las necesidades y sensibilidades de todos los afectados. Y recordó que sus estudios demuestran que el 74% de los vehículos que transitan por la capital vienen de fuera de la ciudad.
«La zona de bajas emisiones debería estar implantada desde enero de 2023», apostilló, al tiempo que insistió en que esta medida no es un capricho de esta corporación municipal, sino que se trata del cumplimiento de una exigencia por parte de Europa.
Confió en que los ciudadanos entiendan que se trata de medidas que repercutirán positivamente en el medio ambiente y la salud y afirmó que ha llegado el momento de que Granada deje de ser una de las ciudades con nivel
Los ayuntamientos de Maracena y Armilla valoran el anuncio del Ayuntamiento de Granada de retrasar la aplicación de la sanciones, pero no están del todo satisfechos. La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, consideró que es un paso en la dirección correcta, pero que es necesario llegar a un acuerdo que tenga en cuenta la realidad metropolitana. Dijo que cualquier normativa que discrimine a coches por su origen es injusta. Por su parte, el primer edil de Maracena, Carlos Porcel, afirmó que esto es un avance, pero es insuficiente. Y apuntó que estarán vigilantes para comprobar la concreción de las modificaciones que anunció el consistorio de Marifrán Carazo. Recordó, además, que continúan con la recogida de firmas.
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