«Voy a tener que enterrar la renta mínima solo en pagar la pensión»

Mercedes, a la derecha, con miembros de Stop Desahucios. /PILAR GARCÍA-TREVIJANO
Mercedes, a la derecha, con miembros de Stop Desahucios. / PILAR GARCÍA-TREVIJANO

La madre expulsada de la vivienda social desmiente que los servicios sociales subvencionaran el alojamiento e insta a que se citen con ella tras un intento de reunión fallida

PILAR GARCÍA-TREVIJANOGRANADA

Cincuenta personas, entre ellas representantes de Stop Desahucios, acompañaron la mañana de ayer a Mercedes Tapia, madre soltera de 46 años expulsada de un piso social de Provivienda junto a su hijo de 20 meses, en su intento de mantener una reunión con los servicios sociales del Ayuntamiento.

La mujer, con las facturas de la pensión donde vive en la mano, desmintió la versión del Consistorio: «No es cierto que estén haciéndose cargo de los costes del hospedaje. Destino 20 euros diarios sólo al hostal». La madre soltera, que no dispone de empleo, cubre el alojamiento con los 527,08 euros que percibe de Renta Mínima de Inserción desde el pasado 25 de octubre. La concesión de la Junta de Andalucía tiene una duración de 12 meses, ayuda que finalizará en el mes de marzo de 2019, y espera que su situación esté resuelta antes de quedarse sin ingresos: «Voy a enterrar la renta en la pensión, Después, a la calle».

La afectada, acompañada de su hijo, entró en el piso compartido de la Asociación Provivienda el día 4 de mayo para seguir un plan de inclusión socio-laboral. Su estancia empezó a complicarse por la rigidez de las normas de funcionamiento: «A veces te sientes como si estuvieras en un internado. Surgieron problemas comunes con mi compañera y Servicios Sociales hizo caso omiso», comentó Mercedes. La plataforma Stop Desahucios denunció el régimen y requisitos que exigen a los inquilinos y afirmó que incluso controlan los ingresos de los residentes. Mercedes puso repetidamente en conocimiento de la trabajadora social de esta empresa, y de los servicios sociales del ayuntamiento la complicada convivencia con su compañera. Ante la falta de respuestas, el día 9 de noviembre presentó una denuncia en la comisaría.

La asociación le informó de que debería buscar una vivienda de alquiler al percibir renta. Por esta razón, los representantes de Stop Desahucios y la afectada se reunieron con la concejala de Servicios Sociales, Jemi Sánchez, el 8 de noviembre. De acuerdo con la versión de la plataforma, la edil animó a Mercedes y le comunicó a todos los presentes que en ningún caso la iban a echar. Una semana después, el responsable de Provivienda le entregó un escrito en el que se le pedía que abandonara la casa, alegando una agresión verbal a su compañera. Ese mismo día, Mercedes y su hijo salieron de allí: «Mi vida entraba en una caja. Tuve que recoger mis pertenencias, la cuna del niño y enseres personales para llevarlos a la pensión», lamentó. Por último, la plataforma solicitó que el Ayuntamiento se reuniera con la afectada para buscar una solución y reclamó que los servicios de vivienda no estuvieran externalizados en empresas privadas.

 

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