La demanda por el bloqueo del CGPJ emana de un despacho de abogados de Granada
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a principios de mayo al Gobierno de España que presentase su exposición de los hechos
La demanda admitida a trámite por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasbursgo (Francia), por el bloqueo de la renovación del ... Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido presentada por un despacho de abogados de Granada.
El bufete granadino que ha logrado pasar el filtro de admisión de Estrasburso, algo bastante complicado, es el de Vicente Tovar Abogados, que representa a los seis jueces demandantes, «los propuestos por la Asociación Francisco de Vitoria».
IDEAL ha tenido acceso a la comunicación del alto tribunal europeo en la que se admite la referida demanda. El escrito está fechado el pasado 2 de mayo y, a raíz de la admisión, se requirió al Gobierno de España para que presentase su propia exposición de hechos junto con sus observaciones sobre las demandas presentadas por los jueces candidatos litigantes.
La acción se promueve tras haber transcurrido más de tres años sin que se hayan renovado los vocales de procedencia judicial del máximo órgano de gobierno de los jueces en España debido a la falta de acuerdo político entre el PP y el PSOE.
«Quien está cometiendo la infracción es el Congreso, que no convoca el Pleno»
«La ley no dice que sea necesario un pacto, sino que establece el procedimiento para ese nombramiento y dice que el Consejo mandará una lista con 50 aspirantes y que el Pleno del Congreso los elija», explica el letrado Vicente Tovar, que firma la demanda admitida por el TEDH contra el Estado.
«Nosotros decimos que existe inactividad», recalca el jurista, para quien «la culpable» de la falta de renovación sería la presidenta del Congreso de los Diputados por no haber convocado un Pleno para votar cara al nombramiento de 12 vocales de esos 50.
«La presidenta del Congreso tiene esa obligación y al no haber convocado el Pleno ahí es donde se produce la infracción», entiende.
La primera parada de esta acción judicial fue ante el TC, que inadmitió a trámite el recurso alegando que no se había presentado dentro de plazo, que sería de «tres meses» después de producirse la vulneración. «Nosotros lo que sostenemos es que al estar recurriendo una inactividad, una omisión, no hay todavía plazo para empezar».
Este despacho cree que se han podido conculcar el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho de participación de los jueces aspirantes, así como sostiene que esa inacción está afectando a las vidas de los candidatos, que no saben si se van a tener que ir a vivir a Madrid o no.
Para Tovar, existe una vulneración del derecho de los candidatos de acceder a cargos públicos, y «quien realmente está cometiendo la infracción es el Congreso, que no convoca el Pleno».
Cronología
Fue el pasado mes de octubre cuando estos jueces candidatos recurrieron al Tribunal Europea de Derecho de Humano (TEDH) para denunciar el bloqueo institucional que se está produciendo sobre el CGPJ «por intereses meramente políticos».
En sus demandas, los magistrados esgrimen ante el TEDH que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ y que, desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales.
«Ante esta pasividad de las Cortes Generales de España a la hora de renovar el CGPJ desde diciembre de 2018, los jueces candidatos han presentado las oportunas demandas ante el TEDH donde esgrimen que se está incumpliendo lo previsto en el artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial», especifica el comunicado.
En dicho artículo se establece que «el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución», por los que los actuales cargos se encuentran caducados desde el 4 de diciembre de 2018, fecha en la que vencieron los cargos«.
Inacción
Ante esta inacción de las instituciones, según la nota, el 14 de octubre de 2020 se recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.
«Sin embargo, el TC no admitió a trámite los recursos de amparo porque consideró que habían sido presentados extemporánemente fuera de plazo, dejando a los candidatos sin respuesta sobre el fondo de la controversia».
En la actualidad, según el despacho demandante, el TEDH estudia si se han vulnerado los derechos de estos magistrados recogidos en los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En concreto, los togados de Estrasburgo analizan si se conculcó el derecho de los magistrados demandantes «a un proceso judicial dentro de un plazo razonable», a la vista de que el Tribunal Constitucional rechazó de plano sus recursos de amparo «por una cuestión formal».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
